Las faltas de los exmandatarios fueron calificadas como gravísimas por el órgano de control.
La Procuraduría General de la Nación a través de un fallo proferido el pasado 22 de diciembre del 2020, ratificó la suspensión por 12 meses a los exgobernadores del Magdalena Luis Miguel Cotes Habeych y Rosa Cotes de Zúñiga por posibles irregularidades en la ejecución del proyecto de la Vía de la Prosperidad.
“La sala disciplinaria, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, resuelve confirmar el fallo del 30 de septiembre proferido por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal que sancionó a Luis Miguel Cotes Habeych, en su condición de gobernador del Magdalena para el periodo 2012-2015, y a Rosa Cotes de Zúñiga, en su condición de gobernadora del Magdalena para el periodo 2016-2019, con las sanciones de 12 meses de suspensión”, señala la decisión del órgano del control.
La sanción implicaba que los exmandatarios fueran inhabilitados por 12 meses de estar ejerciendo un cargo público, sin embargo, debido a que están inactivos, la sanción se convertirá en una multa superior a 100 millones de pesos.
Las faltas de los exmandatarios fueron calificadas como gravísimas por el órgano de control, debido a la falta de diligencia, cuidado y eficacia en la adopción de decisiones que se esperan del administrador y/o gobernante de un ente territorial, quien tiene a su cargo la dirección de la contratación y el manejo de confiados por la nación y el Ocad.
Asimismo, en la sanción se señaló que otro de los incumplimiento de la obra es que esta pasó de 52,6 kilómetros inicialmente a solo 18,3 kilómetros como consecuencia de las deficiencias en la planeación.
“La Gobernación de Magdalena entrega una vía que no es funcional, un proyecto que no fue finalizado. Por la ausencia de procesos contractuales en curso para continuar la vía, tanto en diseños como en obra, y acorde con los términos del acta de liquidación del 10 de diciembre de 2019, se deduce que la obra empleó el doble de tiempo al inicialmente pactado, todo ello a causa de la deficiente planeación en la dirección de la actividad contractual”, subrayó el Ministerio Público.
Finalmente, el fallo del órgano de control señala que el accionar de los exgobernantes durante sus mandatos lesionó los derechos, intereses y expectativas de las comunidades magdalenenses que esperaban beneficiarse con el corredor vial.
