Es la segunda vez en este 2024 que el togado recibe amenazas por su labor en el municipio de Guadalupe, Antioquia.
Impartir justicia no es fácil en este país y eso lo está comprobando con tenacidad y mayor compromiso por su trabajo, el joven Juez de la República, Cristian Camilo López Pontón, oriundo de la ciudad de Santa Marta pero que labora para la rama judicial del municipio de Guadalupe, Antioquia, departamento donde ha tenido que afrontar ya en este año, dos amenazas de muerte que lo involucran a él y a su familia.
López Pontón habló con Santa Marta Al Día de cómo han sido estas amenazas y como ha hecho un llamado al gobierno de Gustavo Petro para que no priorice la seguridad de los actores armados por encima de los servidores públicos que han visto cómo sus vidas corren peligro por falta de esquemas de seguridad.
Desde abril de 2022 cuando fue nombrado en provisionalidad por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia como Juez Promiscuo Municipal de Guadalupe, López Pontón había venido realizando su labor jurídica sin contra tiempos, hasta febrero de este año, cuando llegó la primera amenaza, la cual se dio presuntamente por un caso que llevaba de violencia intrafamiliar ocurrido en el municipio de Carolina del Príncipe, Antioquia.
Desde ese momento, temiendo por la integridad de su entorno familiar, solicitó una medida de protección que garantizara su seguridad y le permitiera continuar ejerciendo sus funciones, pero insólitamente esta medida de protección fue otorgada apenas seis meses después, la cual consiste únicamente en un escolta asignado por la Unidad Nacional de Protección, UNP, lo que considera insuficiente.
Y es que las amenazas han continuado, pues el pasado 13 de noviembre, recibió un mensaje amenazante contra él, su esposa y su escolta, esta vez por un proceso ejecutivo que adelanta por el embargo de una finca en el municipio de Gómez Plata, Antioquia.
“La amenaza dice que si llego a rematar ese predio, me van a matar a mí, a mi mujer y al ‘patico’ que me pusieron para cuidarme, haciendo referencia al funcionario de la UNP”, manifestó el togado samario.
Ante esto, López Pontón le pidió al presidente Gustavo Petro brindarle protección, así como lo ha venido haciendo con los actores violentos de la zona que se han sometido a los diálogos de paz.
“Le hago un llamado al presidente y a toda la institucionalidad del Estado para que se implemente la medida de protección con igualdad y equidad. No es justo que un gestor de paz esté protegido con cuatro camionetas blindadas y diez hombres, mientras un juez que enfrenta solo la administración de justicia tenga apenas un personal de custodia”.
Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes de ese departamento, quienes han censurado el hecho y han desplegado todas las medidas necesarias para resguardar la vida del juez.
