Asimismo, la mandataria fue multada por más de 5 millones de pesos.
Tras una lucha jurídica, Lizeth Johana Fajardo Barros, una excontratista de la Alcaldía, pudo restablecer sus derechos, luego de ser despedida de su cargo, a pesar de que se encontraba en estado de embarazo.
De cuerdo con la denuncia, el pasado 20 de enero de 2022, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento y Depuración de Santa Marta le ordenó a la Alcaldía a que en el término de 48 horas, reintegrara de manera provisional a esta mujer en sus labores, teniendo en cuenta su proceso de gestación.
Asimismo, el ente judicial dictamino que la Administración Distrital le otorgara la protección necesaria a la seguridad social y le cancelara el dinero que dejó de percibir desde la época en que la había despedido.
Pese a la decisión del juez, el equipo jurídico de la Alcaldía impugnó la orden y así entregar sus argumentos y explicar el hecho.
Sin embargo, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta emitió un nuevo fallo en segunda instancia, el pasado 22 de febrero del año 2022, en la que mantuvo la decisión de que reincorporaran en su trabajo a la mujer en estado de embarazo.
Durante este proceso y al no conocerse respuesta de parte de la Alcaldía, Fajardo Barros decidió acudir al recurso del desacato, medida que fue positiva una vez más para la empleada.
Dicha acción fue proferida el 18 de marzo de 2022, donde el Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta, Énder de Jesús Egurrola Mendoza, declaró en desacato a la alcaldesa Virna Johnson y ordenó que fuera sancionada con 5 días de arresto y el pago de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Además, el Juzgado advirtió a la Procuraduría a que vigile las actuaciones de la alcaldesa y se verifique el cumplimiento efectivo de la orden proferida por el despacho.
Por el momento, el equipo jurídico de la Alcaldía no se ha pronunciado al respecto, debido a que todavía tiene el recurso del grado Jurisdiccional de Consulta, a la espera de que esta decisión sea o no confirmada.
Si es confirmada, la Administración de Justicia deberá conducir a la alcaldesa al casino de Oficiales de la Policía Metropolitana, donde los mandatarios distritales pagan este tipo de sanciones.
