El senador cuestiona que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas no habría entregado todos los soportes financieros exigidos por un juez para verificar el manejo de los $54.589 millones recaudados para atender a los damnificados.
La polémica por el manejo de las donaciones destinadas a las víctimas del terremoto continúa escalando. El senador Alejandro Ocampo presentó un incidente de desacato contra la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, organización vinculada a la primera dama, luego de considerar que la información entregada sobre los recursos recaudados no responde completamente a los requerimientos de la justicia.
La actuación judicial se produjo después de que el Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá ordenara a la fundación complementar la información sobre las donaciones recibidas, su administración y la destinación de los recursos, dentro de un plazo de 48 horas.
Ocampo sostiene que la documentación entregada no permite establecer con suficiente claridad la trazabilidad del dinero, por lo que acudió nuevamente ante la justicia para solicitar que se determine si hubo incumplimiento de la orden.
La controversia tomó mayor fuerza después de que la organización presentara un balance de los aportes privados recibidos. De acuerdo con el informe, fueron recaudados 54.589 millones de pesos, destinados a atender la emergencia y apoyar a las comunidades afectadas.
La fundación aseguró que movilizó 5.652 toneladas de ayudas humanitarias y llegó a más de 48.000 personas en 80 municipios. También reportó gastos administrativos por 11,9 millones de pesos.
Sin embargo, uno de los puntos que genera mayores interrogantes es la ejecución de los recursos. Según la información divulgada, cerca del 88 % del dinero estaría pendiente de ejecución, mientras que alrededor de 6.400 millones de pesos permanecerían en una fiducia, situación sobre la que Ocampo ha pedido mayores explicaciones y soportes.
A los cuestionamientos también se sumó la senadora María José Pizarro, quien pidió que se cumpla la orden judicial y se entregue información que permita conocer detalladamente el destino de las donaciones.
Por ahora, el caso queda en manos del juzgado, que deberá estudiar el incidente presentado por el congresista y determinar si existió un incumplimiento de la orden. Es importante precisar que la presentación de esta solicitud no significa que ya exista una declaración judicial de desacato ni que se haya comprobado un desvío de los recursos.
