El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se produjo después de que se difundieran imágenes de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, siendo trasladada a una audiencia en Ibagué con esposas en manos, elementos de sujeción en los pies y una cadena.
El caso de Epa Colombia volvió a ocupar el debate político nacional, esta vez por la forma en que la empresaria y creadora de contenido está siendo trasladada a sus diligencias judiciales. Las imágenes, registradas en Ibagué, muestran a Daneidy Barrera bajo custodia del INPEC y con restricciones de movilidad durante su desplazamiento desde la cárcel de Picaleña hasta los juzgados.
La situación llevó al presidente Gustavo Petro a pronunciarse públicamente. A través de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que el caso no debería analizarse únicamente desde la condena impuesta a Barrera, sino también desde el mensaje que, a su juicio, se estaría enviando frente a la protesta social.
“En ‘EPA Colombia’ castigan es a la protesta para causar miedo social”.
Petro agregó que el uso de cadenas contra Barrera tendría un significado que va más allá del procedimiento penitenciario y lanzó una afirmación dirigida particularmente hacia las mujeres del país:
“Por eso a EPA Colombia la encadenan de pies y manos, porque quieren ver a todas las mujeres de Colombia encadenadas y sin derechos”.
Las palabras del presidente reavivaron una discusión que ya se había instalado en redes sociales después de conocerse las imágenes del traslado. Mientras algunos sectores cuestionan lo que consideran un trato excesivo, otros sostienen que Barrera cumple una condena judicial y que corresponde al sistema penitenciario establecer las medidas de seguridad necesarias para sus desplazamientos.
¿Por qué está privada de la libertad?
Daneidy Barrera cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.
El proceso se originó en hechos ocurridos durante las protestas de 2019, cuando Barrera ingresó a una estación de TransMilenio y ocasionó daños a elementos de la infraestructura. La condena fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
La defensa ha intentado obtener mecanismos distintos a la prisión intramural y también ha cuestionado las condiciones en las que Barrera permanece privada de la libertad. Su abogada, Wendy Herrera, afirmó recientemente que la condena no implica la pérdida de los derechos fundamentales de su clienta y cuestionó el uso de elementos de sujeción durante el traslado.
Así, el pronunciamiento de Petro vuelve a poner el caso en el centro de una discusión que trasciende a Epa Colombia: hasta dónde puede llegar el Estado en el castigo de conductas cometidas durante una protesta y cuándo las medidas aplicadas a una persona condenada pueden ser consideradas desproporcionadas.
