La senadora del Centro Democrático advierte que el gasto no podría recuperarse si la Corte declara la consulta inconstitucional. Además, alerta sobre tensiones sociales y efectos jurídicos irreversibles.
La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, solicitó a la Corte Constitucional suspender provisionalmente el decreto que convoca a la consulta popular impulsada por el Gobierno Nacional, argumentando que su ejecución podría generar un detrimento de más de $700 mil millones del erario, recursos que no serían recuperables si se declara inconstitucional la medida.
De acuerdo con Valencia, la ley vigente obliga a convocar la jornada electoral con rapidez, lo que no dejaría tiempo suficiente a la Corte para emitir un fallo de fondo antes de la realización de la consulta. En ese contexto, la senadora pidió adoptar una medida cautelar urgente para evitar consecuencias jurídicas, políticas y económicas irreversibles.
“No existe otro mecanismo menos lesivo, distinto a la suspensión de la norma demandada, para evitar que produzca efectos jurídicos”, expresó la congresista en un documento remitido al alto tribunal.
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Valencia también advirtió que si no se frena la ejecución del decreto, el Gobierno y la Registraduría Nacional del Estado Civil estarían habilitados para autorizar y ejecutar los recursos presupuestales, lo que según cifras del Registrador Nacional alcanzaría los $700.000 millones.
“El costo de esta consulta no puede asumirse sin claridad sobre su constitucionalidad. Una vez utilizados esos fondos, no podrán reincorporarse al Presupuesto General de la Nación, ni siquiera mediante orden judicial”, enfatizó la senadora.
Además del impacto fiscal, Valencia sostuvo que permitir la consulta podría generar expectativas políticas y tensiones sociales sobre la validez de los resultados, en caso de que posteriormente se declare inconstitucional. “Se generarían efectos que no podrían reversarse, incluso si se emite un fallo con efectos retroactivos”, advirtió.
