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Santa Marta

Ordenan evacuación de habitantes de calle en antigua clínica Puertos de Colombia por riesgo sanitario y de seguridad

La Personería Distrital de Santa Marta logró que el Tribunal Administrativo del Magdalena decretara medidas cautelares urgentes para mitigar el riesgo sanitario, epidemiológico y de inseguridad en el inmueble ubicado en la calle 10B con carrera segunda, hoy convertido en foco de basuras y consumo de drogas.

La Personería Distrital de Santa Marta, liderada por Edwar Orozco Oñate, obtuvo un importante fallo judicial que busca poner fin al deterioro y abandono de la antigua clínica Puertos de Colombia, la cual en los últimos años se ha convertido en un botadero de basura, punto de consumo de estupefacientes y refugio de habitantes de calle.

La medida se dio tras la acción popular presentada por la entidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Magdalena, con el objetivo de proteger derechos colectivos como la seguridad y salubridad pública, la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y la prevención de desastres técnicamente previsibles.

Dentro de la solicitud, el Ministerio Público pidió la adopción de medidas cautelares de urgencia para evitar mayores riesgos sanitarios y de seguridad, así como el avance del deterioro del inmueble.

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El fallo ordena a la Central de Inversiones S.A. (CISA) y a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargascumplir las siguientes acciones: Evacuar en un plazo máximo de 30 días a los habitantes de calle que ocupan el inmueble en la calle 10B con carrera segunda, Realizar la limpieza total de la edificación y el cierre perimetral para evitar el acceso de intrusos y Garantizar vigilancia permanente para impedir que vuelva a ser invadida.

El personero distrital destacó que esta decisión representa un paso importante para la recuperación de zonas estratégicas de Santa Marta y para garantizar los derechos colectivos de la ciudadanía.

“La Personería de Santa Marta seguirá actuando con firmeza en la defensa de los intereses de los ciudadanos, promoviendo acciones jurídicas que permitan recuperar espacios abandonados y prevenir riesgos para la comunidad”, afirmó Orozco Oñate.

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