La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos repudió los hechos violentos registrados el martes en por lo menos 14 municipios, que causaron muertes, heridos, destrucción de viviendas y suspensión de clases en ambos departamentos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Oficina para los Derechos Humanos en Colombia, condenó de forma contundente los recientes ataques armados en Cauca y Valle del Cauca, ocurridos el martes 10 de junio, que dejaron un saldo de al menos ocho personas muertas —entre ellas seis civiles y dos policías— y más de 80 heridos, incluidos tres menores de edad.
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Las acciones violentas se registraron en once municipios del Cauca y tres del Valle, y además de las pérdidas humanas, provocaron destrucción de viviendas, suspensión de actividades escolares y un ambiente generalizado de miedo y zozobra entre la población civil.

“Nos solidarizamos con las víctimas, con las autoridades civiles, militares y de policía de Cauca y Valle del Cauca, y con la sociedad, en este difícil momento para el país”, expresó Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Durante la jornada, la ONU confirmó que su oficina en Colombia verificó los hechos en terreno, en cumplimiento de su mandato, y reiteró su llamado a las autoridades estatales para que realicen investigaciones exhaustivas que permitan identificar y judicializar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.
Además, la entidad internacional insistió en que la justicia es clave para garantizar la no repetición de estos actos, y reiteró su preocupación por el incremento de la violencia contra la población civil en distintas regiones del país.

“La lucha contra la impunidad es una forma efectiva de prevención. Es necesario fortalecer las estrategias de protección y avanzar en la implementación territorial de políticas de seguridad y desmantelamiento de estructuras criminales”, añadió Campbell.
La ONU concluyó su pronunciamiento exhortando al Estado colombiano a reforzar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y pidió un mayor compromiso institucional para proteger a las comunidades más afectadas por la violencia.
