Familias desplazadas por el conflicto en la Sierra Nevada regresaron a sus veredas tras denunciar condiciones indignas, mala alimentación y abandono institucional en el refugio asignado por la Alcaldía.
A las tres de la tarde del sábado, más de 250 personas tomaron una decisión límite: abandonar el refugio estatal y regresar a territorios donde aún retumban los fusiles. No fue un acto de valentía, sino de desesperación. Para estas familias, el albergue resultó más insoportable que la guerra.
Mujeres con niños en brazos, adultos mayores y campesinos empacaron lo poco que tenían y salieron del centro de atención dispuesto por la Alcaldía de Ciénaga. Lo hicieron entre lágrimas, rabia y resignación. “Dormíamos en el suelo, la comida llegaba tarde y en mal estado. No nos sentíamos protegidos, sino humillados”, expresó uno de los voceros en un video que rápidamente circuló en redes.
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Estas personas habían huido de la zona rural alta de la Sierra Nevada, tras quedar en medio de enfrentamientos entre el Ejército y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Buscaron refugio para salvar sus vidas, pero terminaron enfermos, agotados y sin respuestas. Varios de ellos tuvieron que ser atendidos por una intoxicación masiva luego de consumir alimentos entregados por la administración municipal.
El regreso fue catalogado como “voluntario”, pero para las víctimas no fue una elección real. Firmaron la salida porque ya no soportaban el trato recibido ni las condiciones en las que estaban viviendo. “Allá, aunque hay conflicto, al menos estamos en nuestra tierra. Aquí nos sentíamos como una carga”, afirmó otro líder comunitario antes de iniciar el retorno.
La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra cuestionó duramente lo ocurrido y denunció que el regreso se dio sin acompañamiento institucional ni garantías de seguridad. Su vocero, Lerber Dimas, fue contundente: “Revictimizar a quienes ya lo han perdido todo es deshumanizante. No hubo trato digno ni retorno seguro. Esta no es la Colombia que se promete en los discursos”.
Las familias dejaron una advertencia que pesa como una condena anticipada: si algo les ocurre, responsabilizan directamente al Estado por haberlas dejado solas, sin protección ni condiciones mínimas de dignidad.
