La senadora cuestionó el piloto con glufosinato de amonio anunciado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella y pidió explicaciones sobre los permisos ambientales, la consulta previa y las zonas que serían intervenidas.
La decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de poner en marcha un plan piloto de aspersión aérea contra cultivos ilícitos en Putumayo provocó una nueva reacción desde el Congreso.
La senadora Carolina Corcho se fue de frente contra la iniciativa y advirtió sobre los posibles efectos que, según sostiene, podría generar el uso de glufosinato de amonio en comunidades rurales y ecosistemas de la región.
“No vamos a permitir que envenenen a nuestras gentes rurales”, manifestó la congresista, quien calificó la utilización del herbicida como una amenaza para la salud pública y el medioambiente.
Pero Corcho no centró sus reparos únicamente en el producto que será utilizado. También puso bajo la lupa las condiciones bajo las cuales se desarrollará el piloto y reclamó al Gobierno que haga públicos los documentos que respaldan la operación.
Entre sus cuestionamientos está la existencia de los permisos y planes de manejo ambiental, así como las garantías relacionadas con la consulta previa para las comunidades que puedan resultar afectadas.
“¿Dónde están los permisos y planes de manejo ambiental para este piloto?”, cuestionó la senadora, al tiempo que insistió en que la consulta previa constituye un derecho fundamental y no un trámite que pueda ser dejado de lado.
Corcho también reclamó que se conozca la ubicación de los polígonos donde se realizarían las operaciones y pidió que organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría hagan seguimiento a la implementación de la medida.
El Gobierno, por su parte, ha presentado la iniciativa como un plan piloto controlado y temporal, que será evaluado y que contempla restricciones para evitar la intervención de determinadas áreas ambientalmente sensibles y territorios de comunidades étnicas.
La controversia queda así planteada: mientras el Ejecutivo apuesta nuevamente por la aspersión aérea como una herramienta contra los cultivos ilícitos, sus críticos advierten sobre los riesgos ambientales y sanitarios y reclaman mayores garantías antes de que las aeronaves entren en operación.
Corcho, además, defendió que la lucha contra los cultivos ilícitos debe concentrarse en alternativas como la sustitución voluntaria, en lugar de recurrir nuevamente a la aspersión aérea.
