El Gobierno reportó el retiro de 1.997 elementos de las prisiones, además de 688 celulares, 16,4 kilos de estupefacientes, 908 litros de licor y 716 armas blancas.
La política penitenciaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a traducirse en operativos para desmontar privilegios y retirar elementos que permanecían dentro de los establecimientos carcelarios.
De acuerdo con el balance presentado en el anuncio presidencial, las intervenciones han permitido retirar 1.997 elementos, entre ellos televisores, parlantes, estufas y ventiladores, además de intervenir instalaciones y conexiones que no deberían hacer parte de las condiciones de los centros penitenciarios.
El reporte también incluye la incautación de 688 celulares, 16,4 kilos de estupefacientes, 908 litros de licor y 716 armas blancas, elementos que fueron retirados durante los procedimientos de control.
Lea aquí: “El Diablo los crea y se unen”: Vicky Dávila arremete contra Petro y Claudia López
La medida hace parte de la estrategia con la que el Gobierno busca reducir las comodidades y posibilidades de comunicación no autorizada dentro de las cárceles, bajo el argumento de que los centros de reclusión no pueden convertirse en espacios desde los cuales se continúen coordinando actividades criminales.
En el mensaje divulgado por su equipo, De la Espriella fue enfático al explicar la orientación de su Gobierno: “mi directriz es clara: reforzar todas las medidas necesarias para acabar con la alcahuetería”.
El mandatario también resumió su postura con una frase que acompaña la publicación del operativo: “Menos privilegios son menos oportunidades para seguir delinquiendo desde una celda”.
Con estas acciones, el Gobierno pretende aumentar los controles sobre los establecimientos penitenciarios y cortar las condiciones que, según su política de seguridad, permiten mantener privilegios o actividades ilícitas tras las rejas.
