La familia respondió a los cuestionamientos por su presencia en este sector de Santa Marta, aseguró que adelanta trámites ante las autoridades desde hace dos años y afirmó que ha recibido intimidaciones y presuntas extorsiones.
La controversia alrededor del proyecto turístico de la familia Ospina en Playa Blanca continúa generando reacciones en Santa Marta. A través de un pronunciamiento público, sus integrantes rechazaron los señalamientos sobre una supuesta intención de desplazar a los trabajadores tradicionales del sector y aseguraron que también han sido víctimas de amenazas y extorsiones.
Según explicaron, Juan Carlos Ospina denunció públicamente estas situaciones ante la Asamblea Departamental del Magdalena el pasado 29 de octubre. Posteriormente, la familia habría entregado información a las autoridades para que se investiguen los hechos y se establezca quiénes estarían detrás de las intimidaciones.
Frente al proyecto turístico, señalaron que adquirieron algunos predios privados que fueron ofrecidos por propietarios tradicionales de la ciudad y que desde hace aproximadamente dos años adelantan gestiones ante la Alcaldía de Santa Marta y la Dirección General Marítima (Dimar) para obtener las autorizaciones correspondientes. También aclararon que ninguna de las cerca de 200 carpas que funcionan actualmente en Playa Blanca pertenece a la familia.
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Los Ospina aseguraron que han sostenido reuniones con carperos y trabajadores tradicionales para presentar su propuesta y explorar alternativas de organización de la actividad turística. Según su versión, incluso plantearon posibilidades de compensación económica y vinculación laboral, aunque reconocieron que hasta ahora no se han concretado acuerdos.
La familia insistió en que su intención no es sacar a los trabajadores del sector y sostuvo que busca impulsar un modelo turístico que mejore las condiciones de la zona, promueva la conservación ambiental y genere oportunidades laborales. Asimismo, afirmó que reconoce el carácter público de la playa y que cualquier intervención deberá ajustarse a las decisiones de las autoridades competentes.
En su comunicado también denunciaron que recibieron mensajes intimidatorios que, según señalaron, estarían relacionados con un grupo armado ilegal que les habría advertido que no intervinieran en asuntos de Playa Blanca. Rechazaron cualquier vínculo con organizaciones armadas y pidieron que las acusaciones y amenazas sean investigadas con pruebas y bajo el debido proceso.
