El presidente destacó los resultados de la investigación que permitió identificar un presunto entramado de exportaciones ficticias que habría movilizado más de $425.000 millones. Entre los detenidos hay cuatro funcionarios de la entidad.
El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció frente a uno de los casos de presunta corrupción más cuantiosos conocidos recientemente en la DIAN, luego de que una investigación de la Fiscalía permitiera identificar una estructura que habría utilizado exportaciones ficticias para justificar el ingreso de más de $425.000 millones de posible origen ilícito a Colombia.
Tras conocerse las capturas, el mandatario aseguró que su Gobierno no permitirá que las instituciones del Estado sean utilizadas para facilitar actividades criminales y ordenó fortalecer los mecanismos de control para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.
La investigación apunta a que, entre 2020 y 2023, se habrían reportado exportaciones de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador, utilizando como supuesto punto de salida el puente internacional de Rumichaca, en Ipiales, Nariño. Sin embargo, los cargamentos nunca habrían cruzado la frontera.
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Según la Fiscalía, fueron identificadas 633 operaciones presuntamente irregulares que habrían servido para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, registrados como pagos por supuestas ventas internacionales.
Como resultado de las investigaciones, siete personas fueron capturadas en procedimientos realizados en Ipiales y Cúcuta. Entre ellas se encuentran cuatro funcionarios de la DIAN, señalados de certificar la salida de mercancías que presuntamente nunca abandonaron el país, y tres representantes legales de comercializadoras internacionales.
Los procesados fueron imputados por los delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público, según la presunta responsabilidad individual establecida por la Fiscalía.
El caso también fue remitido a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, que evaluará posibles actuaciones sobre los bienes y activos relacionados con las operaciones investigadas.
Con este pronunciamiento, De La Espriella puso el foco en la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre las entidades estatales y dejó claro que las investigaciones deben llegar hasta quienes habrían utilizado sus cargos para favorecer presuntas estructuras criminales.
