Más de 24 horas después del hallazgo, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Mientras avanzan los análisis forenses, los cuerpos permanecen en Medicina Legal sin que ningún familiar se haya presentado a reclamarlos.
El caso de la madre y su hijo encontrados muertos dentro de un apartamento en el sector de El Rodadero, en Santa Marta, continúa rodeado de interrogantes. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de las autoridades es que, hasta el momento, ninguna persona se ha presentado a Medicina Legal para reclamar los cuerpos de las víctimas.
Se trata de Sonia Imelda Piloneta Tapias, de 53 años, y su hijo Benjamín Bautista Piloneta, de 22, ambos oriundos de Bogotá, quienes permanecen en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal mientras la Fiscalía y la Policía Judicial avanzan en las diligencias para establecer qué ocurrió.
De acuerdo con la Fiscalía Seccional Magdalena, la investigación aún no permite concluir si las muertes corresponden a un homicidio, un suicidio o si existió la intervención de un tercero. Los resultados de las necropsias, los exámenes toxicológicos y demás pruebas científicas serán determinantes para esclarecer el caso.
Durante la inspección judicial, los investigadores encontraron una carta junto a los cuerpos. Este documento llevó a descartar la posibilidad de una muerte accidental, aunque ahora es objeto de análisis para establecer su autenticidad, quién la escribió y si guarda relación con los hechos.
Paralelamente, peritos forenses examinan los teléfonos celulares y un computador hallados en el apartamento. Las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de madre e hijo mediante el análisis de llamadas, mensajes, conversaciones y otros registros digitales que puedan aportar información relevante.
Las pesquisas también permitieron establecer que las víctimas no estaban en Santa Marta por turismo. Según la Fiscalía, madre e hijo se habían radicado en la ciudad hace aproximadamente seis meses y residían en un apartamento arrendado en El Rodadero. Benjamín trabajaba de manera virtual y era quien sostenía económicamente el hogar.
Vecinos del edificio manifestaron que ambos mantenían un perfil muy reservado y que su interacción con los residentes era mínima, lo que ha dificultado obtener información sobre su entorno personal.
Mientras tanto, las autoridades continúan realizando gestiones para ubicar a familiares. Según la información recopilada, las víctimas tenían vínculos en Bogotá y Santander; sin embargo, hasta ahora no ha sido posible establecer contacto con parientes cercanos.
La Fiscalía reiteró que todas las hipótesis continúan abiertas y que solo los resultados de los estudios forenses permitirán determinar con certeza las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.
