Las cámaras de seguridad instaladas en viviendas privadas mismo modo que en establecimientos comerciales no solo sirven para prevenir delitos, también pueden convertirse en piezas clave dentro de una investigación judicial. Por esta razón, la fiscalía general de la Nación recordó que sus propietarios están obligados a entregar el material grabado por dichas cámaras siempre y cuando sean solicitadas por las autoridades pertinentes.
Aunque se trata de equipos privados, la normativa colombiana avala a entidades como la Policía, la Fiscalía o el CTI para requerir los videos, en casos precisos como cuando existe un riesgo de que el material se pierda o sea alterado, En situaciones urgentes, esta solicitud puede hacerse incluso sin una orden judicial previa, es decir podrían tocar a la puerta de su hogar y realizar la petición de las grabaciones y usted estaría en la obligación de entregarlas.
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Las autoridades advirtieron que negarse a suministrar estas grabaciones podrían llevarlo a presentar consecuencias legales, ya que dicha conducta podría ser considerada como una forma de obstaculizar a la justicia. Por ello, recomiendan conservar intactos los archivos, entregar copias de manera formal y abstenerse de borrar, editar o difundir algunos de los videos en redes sociales.
Finalmente, reafirmaron que es legal grabar fachadas y espacios públicos, siempre que se respeten las normas de protección de datos personales. Tener cámaras de seguridad, no solo implica un beneficio en términos de protección, sino también un compromiso con la ley.
