El presidente condiciona la permanencia de su gabinete a la firma de un decreto que convocaría una consulta nacional el próximo 7 de agosto para respaldar su paquete de reformas.
En una nueva escalada de tensión política, el presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia a su gabinete: los ministros que no firmen el decreto que convoca una consulta popular para validar sus reformas estructurales deberán abandonar el cargo. El anuncio lo hizo el sábado a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde reafirmó que el poder presidencial “es poder del pueblo”.
La consulta popular, prevista para el 7 de agosto, buscaría el respaldo ciudadano a los proyectos de reforma en salud, trabajo y pensiones, los cuales han enfrentado resistencia y estancamiento en el Congreso.
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Advertencia presidencial: la firma es obligatoria
“Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va”, escribió Petro, marcando un claro límite dentro de su equipo de Gobierno. La declaración surge en medio de un intenso debate jurídico, ya que especialistas han señalado que un decreto de este tipo requiere la firma de todos los ministros para ser válido constitucionalmente.
El mandatario, sin embargo, no dejó espacio a la duda y se mostró dispuesto a tomar decisiones drásticas en defensa de lo que considera un mandato popular.
Consulta popular: fecha y lugar del anuncio
El ministro designado de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó que el presidente firmará el decreto el próximo miércoles 11 de junio en la ciudad de Cali, en medio de una gran movilización convocada por sectores sociales afines al Gobierno.
“La consulta se realizaría el 7 de agosto, y el decreto aplicará además la figura de la excepción de inconstitucionalidad frente a un acto del Congreso”, explicó Montealegre.
Según el exfiscal, el decreto incluirá una argumentación detallada sobre por qué ciertas acciones del Congreso habrían violado la Constitución. “El presidente presentará una carga argumentativa muy fuerte para justificar la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad”, señaló Montealegre.
