El Ministerio de Salud salió al paso de la decisión del Instituto Nacional de Cancerología (INC) de frenar la atención a nuevos pacientes afiliados a Nueva EPS, dejando claro que esa medida no va y que, además, podría traer consecuencias legales.
En palabras más directas: no se puede negar el servicio de salud. Así lo reiteró la cartera, señalando que esta restricción va en contra de la Ley 1751 de 2015, que garantiza el acceso a la salud como un derecho fundamental en Colombia.
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El jalón de orejas también fue para la dirección del instituto, encabezada por Carolina Wiesner, ya que, según el Ministerio, una entidad adscrita al Gobierno no puede tomar decisiones que afecten la atención de los pacientes.
El punto más delicado del asunto es que, si la medida se mantiene, el Ministerio advirtió que podría iniciar acciones legales, incluyendo denuncias penales y procesos disciplinarios por un posible caso de prevaricato.
Mientras tanto, la situación genera preocupación, sobre todo por lo que podría significar para los pacientes que necesitan tratamientos especializados, en medio de los problemas que viene arrastrando Nueva EPS.
