La entidad lideró una jornada de escucha en Santa Marta para recoger denuncias, necesidades y percepciones de las víctimas, insumos que harán parte del informe nacional que será presentado ante el Congreso.
La Defensoría del Pueblo lideró en Santa Marta una jornada de escucha y recolección de información con representantes de víctimas del conflicto armado en el Magdalena, departamento que registra 547.072 personas afectadas por la violencia, según cifras oficiales.
La actividad tuvo como propósito evaluar la implementación de la política pública de reparación integral y conocer de primera mano las problemáticas que enfrentan las víctimas en el territorio.
Durante el encuentro participaron integrantes de la Mesa Distrital de Víctimas de Santa Marta y de la Mesa Departamental del Magdalena, quienes expusieron sus principales preocupaciones relacionadas con procesos de restitución de tierras, asistencia humanitaria, indemnizaciones y garantías de seguridad.
La Defensoría, en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011, señaló que los aportes recogidos servirán para la construcción del Decimotercer Informe de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas, correspondiente al periodo 2025-2026.
El documento será presentado ante el Congreso de la República en agosto y recogerá tanto los avances como las dificultades que persisten en las regiones más afectadas por el conflicto armado.
Entre los aspectos identificados durante la jornada se encuentran obstáculos administrativos, retrasos en los procesos de indemnización y factores de riesgo que continúan afectando a comunidades rurales y urbanas del departamento.
La actividad también contó con la participación de delegados de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y representantes de entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv).
La Defensoría explicó que la información obtenida fortalecerá el componente cualitativo del informe anual, el cual busca medir el impacto real que tienen los programas estatales sobre las personas afectadas por el conflicto.
