La intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo ha provocado un nuevo desplazamiento masivo de población. Cerca de 250 personas han llegado a Cúcuta y Ocaña, mientras organizaciones humanitarias alertan que miles más podrían quedar confinadas o verse forzadas a huir ante el aumento de la violencia.
La violencia armada sigue profundizando la emergencia humanitaria en la región del Catatumbo, donde los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC han provocado un nuevo y preocupante éxodo de población civil. En las últimas horas, alrededor de 250 personas han abandonado sus hogares y se han visto obligadas a llegar a Cúcuta y Ocaña en busca de refugio y protección.
La alerta fue emitida por el Consejo Humanitario para refugiados, que advirtió además que unas 6.000 personas podrían quedar confinadas o verse forzadas a desplazarse si continúan las acciones armadas en esta zona del nororiente colombiano.
Organizaciones humanitarias insisten en la urgencia de una respuesta inmediata. Giovanni Rizzo, director de país del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en Colombia, señaló que las comunidades viven atemorizadas por los combates y que muchas familias están huyendo para proteger sus vidas.
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“Las personas necesitan con urgencia asistencia humanitaria, refugio seguro, alimentos, agua potable y medidas de protección. Si no se garantiza el respeto por la población civil, el número de desplazados podría aumentar en los próximos días”, advirtió.
De acuerdo con los reportes, la mayoría de las personas desplazadas provienen de los municipios de Tibú y El Tarra, históricamente golpeados por la presencia de grupos armados ilegales.
Este nuevo desplazamiento de al menos 11 familias que según denunció la Defensoría del Pueblo, tuvieron que abandonar recientemente la vereda Mineiro, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, ante el recrudecimiento de la violencia.
La situación mantiene en alerta a las autoridades y a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que piden acciones urgentes para proteger a las comunidades afectadas.
