La sombra del fraude procesal acecha a la Asamblea del Magdalena. Una denuncia penal contra el diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe, por presunta manipulación de testigos y falsedad procesal, remece los cimientos de la institucionalidad en el departamento.
El diputado del Magdalena, Alberto Mario Gutiérrez Uribe, enfrenta una denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de fraude procesal, en el marco del proceso de nulidad electoral que cursa en su contra. La acción judicial también compromete a su abogado defensor, Ricardo Tapias López, y podría escalar a un nuevo escándalo nacional.
La denuncia fue presentada por el abogado José Jorge Polo Vásquez, quien lidera el proceso de nulidad en el Consejo de Estado. En ella se detalla que, durante la etapa probatoria del caso, se habría presentado una declaración juramentada manipulada, firmada por el periodista Ayinson Javier Orozco Castañeda, quien posteriormente se retractó y denunció haber sido víctima de presiones y ofrecimientos indebidos, presuntamente realizados por el abogado del diputado.
Según el denunciante, esta maniobra tuvo como objetivo engañar al Tribunal Administrativo del Magdalena para lograr una decisión favorable, lo que constituiría una clara figura de fraude procesal y una intromisión indebida en la justicia electoral.
A esta grave acusación se suma el pronunciamiento de la procuradora judicial II para Asuntos Administrativos, Evelsy Estrella Ebrath Emiliani, quien alertó sobre irregularidades en el caso y solicitó formalmente la compulsa de copias a la Fiscalía, respaldando así la necesidad de abrir una investigación penal.
El expediente, bajo los radicados 47-001-2333-000-2024-00041-00 y 00043-00, avanza en segunda instancia ante el Consejo de Estado y contiene elementos probatorios que podrían revelar una trama para torcer la voluntad del voto popular y burlar el sistema judicial.
En los círculos políticos del Magdalena, la comparación no se ha hecho esperar. Gutiérrez Uribe ya es apodado por algunos como “el Uribe del Magdalena”; no por afinidades ideológicas, sino por las similitudes del caso con el escándalo judicial que rodeó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, también denunciado por supuesta manipulación de testigos.
Este caso pone en jaque la legitimidad del diputado, sacude la credibilidad de la Asamblea Departamental y representa un test de fuego para la independencia judicial en el país. Si se comprueban las acusaciones, no solo se configuraría un delito grave, sino también una afrenta directa a la democracia regional.
¿Manipular testigos para sostenerse en el poder? La Fiscalía tiene la palabra
