El hallazgo de la Contraloría fue de 55 mil millones, recursos entregados gobernaciones y empresas que nunca prestaron el servicio.
La Contraloría General de la Nación informó que dineros, con los que se iba a mejorar conectividad a internet, se les dieron a gobernaciones y empresas que nunca prestaron el servicio. Se trata de regalías que estaban destinadas a puntos de conexión en escuelas y bibliotecas públicas de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Santander, Norte de Santander y Meta.
A través de un comunicado, el ente de control hizo la denuncia, y aseguró que “55 mil millones de pesos se desvanecieron cuando las gobernaciones contrataron de forma directa a la empresa Funtics para proveer esos servicios, que se pagaron doble vez o que nunca se materializaron”.
Iván Sánchez Arango, delegado para las TIC, contó a Noticia Caracol donde estuvo la irregularidad “se contrató una cantidad de megas que se tenían que entregar a cada colegio y que realmente no se entregaron. Eso significó que se dejaron de entregar 50,223 megas a estas instituciones educativas”.
Añadió que “con esa cantidad de megas hubiéramos podido darles conectividad a 5.000 colegios”.
De acuerdo con la Contraloría, también se pagaron más de 9 mil millones de pesos por servicios de internet que nunca se utilizaron. “No puedo yo llegar a contratar un servicio de internet cuando los muchachos no están, pero así se pagaron y eso le significó al Estado 9.405 millones de pesos”, afirmó el delegado TIC.
El ente de control reveló que la empresa Funtics les cobraba un valor millonario a las gobernaciones por una cantidad de megas, que luego las compraba a proveedores por menos plata, y se quedaban con el dinero restante.
Otros hallazgos fueron los llamados elefantes blancos virtuales. Las gobernaciones de Nariño y Norte de Santander pagaron plataformas de software para bibliotecas virtuales y servicios educativos digitales, pero después de pagar más de 15 mil millones de pesos, hoy todo se quedó arrumado y obsoleto.
Estas conductas se repiten en más departamentos, según la investigación, y ponen en riesgo 100.000 millones de pesos adicionales por detrimento.
