El gobierno de España declaró un estado de emergencia en Madrid el viernes, arrebatando a las autoridades locales el control para combatir la propagación del Covid-19 en una región que registra el rebrote de coronavirus más significativo de Europa.
La acción, que entró en vigor de manera inmediata y durará dos semanas, obligó a las autoridades de Madrid a reimponer restricciones a los viajes que habían sido introducidas por el gobierno nacional, antes de ser anuladas la víspera por un tribunal de Madrid.
La acción legal de las autoridades de Madrid fue parte de una larga riña entre los principales partidos políticos de la nación en torno a su respuesta al coronavirus. Esas diferencias y las normas cambiantes a menudo han consternado y confundido a los residentes.
El gobierno anunció el estado de emergencia luego de una reunión del gabinete tras el fallo de la corte. El ministro de Salud, Salvador Illa, informó que las medidas anteriores volverían a ser implementadas y que sólo se modificaría el marco legal de éstas.
Durante una conferencia de prensa, Illa comentó que era indiscutible que había una transmisión comunitaria en la región de Madrid y no sólo brotes aislados, en una coyuntura crucial a medida que se acerca el invierno y aumentan los problemas respiratorios.
La tasa de infección de 14 días en la región de Madrid es de 563 casos de coronavirus por cada 100.000 residentes, más del doble del promedio a nivel nacional de España de 256 y cinco veces más que la tasa promedio europea de 113 para la semana que terminó el 27 de septiembre.
El gobierno nacional había ordenado a la policía de Madrid que multara a la gente si salía de sus municipalidades sin una justificación. La medida abarcaba a los 4,8 millones de residentes de Madrid y nueve localidades en los suburbios.
Sin embargo, el gobierno conservador de Madrid se opuso a esas restricciones, señalando que eran drásticas y que dañarían la economía. La presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo que sus medidas más moderadas eran suficientes para combatir el COVID-19.
Un tribunal madrileño ratificó el jueves la apelación del gobierno regional, diciendo que la imposición de las restricciones por parte del gobierno nacional violaba las libertades fundamentales de la gente.
La disputa se ha desarrollado en un contexto de diferencias políticas: El gobierno de España está dirigido por el Partido Socialista Obrero Español, de centroizquierda, mientras que la región de Madrid está controlada por el principal partido de oposición de la nación, el conservador Partido Popular.
