En días pasados la secretaria Karlina Sánchez condenó la celebración del cumpleaños de un presunto feminicida.
Luego de la denuncia pública realizada por la secretaria de la Mujer, Karlina Sánchez, donde condenaba la realización de la fiesta de cumpleaños de Daniel Alberto Reales, presunto feminicida de María Meriño, se han generado reacciones por parte de los directamente señalados por la funcionaria.
Primeramente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-, realizó un pronunciamiento a través de su secretario de Juventudes, Equidad y Género, en el cual desmentían las declaraciones de secretaria. Argumentando que esta celebración no se llevó a cabo al interior del centro carcelario a su cargo.
Hoy, luego de varios días de haberse conocido las acusaciones por la funcionaria distrital, los internos de la cárcel Rodrigo de Bastidas rechazan rotundamente lo expuesto por Karlina Sánchez, señalando que sin importar su condición de libertad, tienen derecho a celebrar sus cumpleaños bajo algunos parámetros.
Lo anterior, fundamentándose en los derechos humanos, la justicia restaurativa y los trabajos resocialización y reincorporación a la sociedad, realizados por el Inpec.
De acuerdo con Jimmy Zapata, vocero de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, expresó en dialogo con Santa Marta Al Día que, al estar internados en una prisión por haber cometido alguna falta, no significa que no puedan llevar a cabo cualquier otro tipo de actividades de la vida cotidiana.
“La justicia de nuestro país es restaurativa, la cual busca sanar al individuo y hacerlo útil para la sociedad. Los internos gozan de garantías y derechos al igual que cualquier otra persona, solo que es de manera limitada por haber cometido una falta carcelable”, indicó Zapata.
Asimismo, fue reiterativo en el tema relacionado con la celebración de los cumpleaños en el centro carcelario, señalando que se pueden realizar en los días de visita y, con los elementos esenciales como una torta y globos, ya esta acción no coloca en vilo la seguridad del establecimiento.
Por otra parte, el Inpec, basándose en la Resolución 6349 del 2016, la cual goza de un enfoque diferencial para el tratamiento de los internos en los distintos centros carcelarios del país y las garantías de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, respaldó lo dicho por el vocero Jimmy Zapata.
“La Resolución 6349 del 2016 busca garantizar la libre expresión y darle tratamiento a los derechos de los internos, porque el hecho de que estén privados de la libertad, no los exime de cualquier otro tipo de derechos”, dijo el dragoneante Francisco Mendoza.
