Las probabilidades de nuevas emergencias se mantienen en el mes de noviembre.
El mes de octubre, considerado el más lluvioso de los últimos cinco años en Santa Marta, dejó múltiples emergencias por deslizamientos y desborde de los ríos con un saldo de casi tres mil damnificados, que motivó a la declaratoria de calamidad pública por parte de la Alcaldía Distrital.
El censo que adelanta la oficina de Gestión del Riesgo a la fecha indica que producto de la ola invernal hay 2.642 personas afectadas, 58 familias sin viviendas y 119 que necesitan ser reubicadas. El balance también precisa que un total de 176 viviendas sufrieron daños fuertes en su estructura.
En los cerros norientales se concentra el mayor número de damnificados, esa zona ha sido priorizada para entrega de ayudas e implementación de acciones de respuesta frente a la probabilidad de nuevas emergencias.
Jaime Avendaño, director del Comité de Gestión del Riesgo de la ciudad asegura que hasta el momento se han invertido 272 millones de pesos en maquinaria para remover sedimentos y $120 millones en ayudas humanitarias. “Hemos entregado kits de alimentos, aseo, de construcción y 57 subsidios de arriendo, la tarea continua diariamente con la visita a cada vivienda afectada”, señaló.
El lunes llegaron las ayudas de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, con las que también se están cubriendo las necesidades que presentan las comunidades que perdieron sus casas y enseres.
Lo que más preocupa según Avendaño es que noviembre es el segundo mes más lluvioso del año. Explicó que “los suelos están saturados por los aguaceros de octubre, por lo que las probabilidades de nuevos acontecimientos son inminentes”, precisó.
Añadió que a pesar de las advertencias que se han hecho y los casos de emergencia evidenciados, la invasión en los cerros continúa. “El fenómeno de invasiones sigue siendo agresivo en la ciudad. Todos los días encontramos nuevas construcciones de cambuches y casas en la parte alta de los cerros, lo cual pone en riesgo a quienes viven en el sector medio y bajo”.
Frente a este problema, la oficina de Gestión del Riesgo adelanta acciones con la Secretaría de Gobierno para evitar la ocupación ilegal en zonas de alto riesgo. Así mismo dentro del plan de contingencia adoptado hay un trabajo permanente con la red comunitaria de alerta y emergencia y los comités barriales samarios que tienen la tarea de estar atentos a cualquier signo de alerta para ordenar la evacuación de las áreas que revistan peligro.
