El anuncio se conoció hace algunas pocas horas y cuenta que, revisaran 60.000 multas que fueron impuestas de forma irregular en el país. Son más 171.000 millones en juego.
Todo consiste puntualmente en que las autoridades de tránsito habrían utilizado normas que fueron declaradas nulas desde 2016 para imponer las multas.
“Seguían siendo utilizadas por la entidad como norma sancionatoria para miles de casos en la Superintendencia de Transporte”, publicó el diario La República.
Tras el hallazgo, se solicitó un concepto ante el Consejo de Estado para proceder y proteger los derechos de los ciudadanos.
Pese a que la Supertransporte ni el Mintransporte hablan de devolverles el dinero a las personas que ya pagaron las multas o de perdonar a quienes las deben, la ministra Ángela Orozco dijo que la consulta al Consejo de Estado tiene que ver con la necesidad de actuar con “contundencia” porque estos hechos afectan la “legalidad”.
