Luego de que el patrullero Ricardo Andrade denunciara una supuesta persecución por su labor social en redes, la Policía Metropolitana de Santa Marta negó cualquier tipo de hostigamiento y justificó los traslados como parte del régimen institucional.
La historia del patrullero Ricardo Andrade, ampliamente conocido y valorado por su trabajo comunitario y su presencia activa en redes sociales, ha generado una ola de apoyo ciudadano en Santa Marta y otras regiones del país. Sin embargo, también ha provocado un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Metropolitana, que niega cualquier acto de persecución o acoso dentro de la institución.
La controversia comenzó el pasado miércoles, cuando Andrade, acompañado de su familia, publicó en redes sociales un video en el que denunciaba presiones internas, cuestionamientos a su actividad social y amenazas de sanciones si no detenía sus publicaciones.
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Según el uniformado, su contenido —que incluye campañas educativas y ayudas a personas vulnerables — fue considerado inapropiado por algunos superiores, lo que derivó en señalamientos constantes y hasta tres traslados en apenas seis meses.
“Querían silenciarme, alejarme de mi comunidad y de mi familia. Me dijeron que si seguía haciendo esto, iba a tener problemas”, declaró Andrade, quien fue recientemente trasladado a la isla de San Andrés.
Tras su partida, el pasado jueves, su familia organizó un plantón frente a la sede de la Policía Metropolitana de Santa Marta. “Mi hijo no es un mal policía, solo quiere servir también desde otro frente: el humano”, expresó su madre, visiblemente afectada.
Frente a la presión ciudadana y mediática, la Policía Metropolitana emitió un comunicado este viernes en el que desmiente cualquier acto de acoso o retaliación contra el patrullero. Según el documento, los traslados forman parte de los procedimientos normales dentro del servicio policial, sustentados en el régimen especial al que se acogen todos los uniformados.
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“Los movimientos de personal a nivel nacional se realizan en atención a las necesidades del servicio, como parte de la misión constitucional encomendada”, señala el comunicado, que además cita normativas legales internas.
La institución añadió que en los últimos tres años han sido trasladados 763 policías desde Santa Marta hacia otras unidades del país, lo que, según argumentan, evidencia que se trata de una práctica administrativa común.
