El miembro del equipo de empalme de Carlos Caicedo, el ex ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, manifestó que es escéptico y crítico del proceso de búsqueda de un nuevo operador de energía para el Caribe.
Manifestó en una entrevista que le concedió al diario cartagenero El Universal, que el proceso de elección es una muestra de “La agonía del difunto” y exteriorizó sus temores sobre un eventual tercer aplazamiento del proceso, lo que a su juicio “le restará credibilidad y confianza”.
Pero dijo que con relación a algunas propuestas sobre la posibilidad que el Estado sea el que administre el servicio, precisó que esta es una obligación del mismo.
“Ese sería el último recurso, en la medida en que de acuerdo con la Constitución y la ley, quien tiene la responsabilidad de garantizar la prestación de los servicios públicos es el Estado. La Constitución desde 1991 abrió la posibilidad de que el Estado pueda garantizar esa prestación, ya sea prestándolo directamente o a través de los privados, pero la responsabilidad sigue en cabeza del Estado”, dijo el acompañante de empalme del gobernador electo Carlos Caicedo.
Precisó que no se ve un final claro en el proceso y por eso es uno de los que lo ve con escepticismo: “Yo comparto el escepticismo, que es generalizado, alrededor del curso de este proceso que no se le ve luz al final de este largo túnel por el que hemos venido atravesando. Hay una serie de factores que han dificultado y dilatado este proceso que su sola prolongación yo la he catalogado como “La agonía del difunto”. Porque ciertamente mientras no se tenga un nuevo operador no hay esperanza de que vayamos a tener una prestación del servicio que se ciña a la ley”.
“Mientras se mantenga la intervención, por parte de la Superintendencia (de Servicios Públicos Domiciliarios), primero con fines de administración, y ya hace rato con fines de liquidación, para propiciar la consecución de un nuevo operador, la Superintendencia no puede hacer nada distinto, a través de la intervención, que manejar una empresa que ha estado en un estado terminal. Todo esto para decir que abrigo temores de que esto no termine bien, empezando porque es el segundo aplazamiento que dispuso la Superintendencia, hasta el mes de febrero, aduciendo la caída de la Ley de Financiamiento”, dijo en algunos apartes de la entrevista.
Se refirió Acosta a los retos que ha tenido el proceso y sus prinicipales preocupaciones.
“No es el único inconveniente que se le atraviesa a este proceso. Hay otro que en mi concepto es más de fondo y tiene que ver con algo estructural, y es que en el Plan Nacional de Desarrollo quedó establecido que para ser viable el nuevo operador que entre asumir esta responsabilidad, se requiere expedir un nuevo marco regulatorio especial para el mercado al cual sirve Electricaribe y ese régimen especial no es de la competencia ni del Ministerio, ni siquiera del Congreso, sino de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y esta tiene unos protocolos que me hacen pensar que febrero sería demasiado pronto para uno pensar que para entonces ya tenemos ese régimen especial y creo que nadie se le mida a asumir la operación sin saber cuáles van a hacer las reglas a las que se van a someter. De modo que me temo que en febrero se tenga que postergar por tercera vez la escogencia del operador y cada aplazamiento le va restando credibilidad y confianza a este proceso”, dijo el ex Ministro.