La decisión ordena suspender de inmediato los efectos de la elección y posesión realizada el pasado 22 de noviembre.
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta declaró el incumplimiento de un fallo de tutela por parte de la Asamblea Departamental del Magdalena y de la Universidad de Medellín en el proceso de elección del Contralor Departamental para el período 2026–2029.
La determinación judicial se sustenta en que la elección se llevó a cabo pese a una medida de suspensión vigente desde el 18 de noviembre, emitida mientras se verificaban presuntas discriminaciones y eventuales inhabilidades en el concurso público.
El juez concluyó que la actuación adelantada por la Asamblea configuró un desacato a la orden judicial.
El proceso tuvo origen en la tutela interpuesta por la ciudadana Maryoris Margarita Pedraza Álvarez, quien alegó discriminación de género en los criterios de evaluación de la experiencia, y cuestionó posibles inhabilidades de dos aspirantes incluidos en la terna.
El fallo del 7 de noviembre, aclarado el 13 del mismo mes, ordenó revisar las inhabilidades con base en la Ley 330 de 1996 y sentencias de constitucionalidad, así como aplicar medidas afirmativas orientadas a corregir la subrepresentación femenina.
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El juzgado concluyó que la Asamblea incurrió en un “cumplimiento simulado”, al adelantar trámites formales sin incorporar los lineamientos jurisprudenciales exigidos, mientras que la Universidad de Medellín mantuvo los parámetros de evaluación sin ajustes que garantizaran equidad de género.
Pese a ello, la Mesa Directiva de la corporación convocó y realizó la elección del contralor, lo cual fue calificado como un acto realizado en contravía de una resolución judicial.
Ante esta situación, el juez Carlos Alberto Villalva del Villar ordenó suspender los efectos jurídicos de la elección y posesión del nuevo contralor, prohibir nuevas convocatorias hasta que el despacho verifique el cumplimiento material de las órdenes impartidas y solicitar a la Procuraduría General de la Nación un concepto previo sobre las inhabilidades y la equidad de género en la terna.
Adicionalmente, el juzgado abrió incidente de desacato contra la presidenta de la Asamblea, Ángela María Cedeño Ruiz; las vicepresidentas Marta Liliana García Rivera y Candy Julieth Sánchez Vásquez; y el rector de la Universidad de Medellín, Néstor Raúl Posada Arboleda.
La decisión pretende asegurar que las órdenes de tutela sean respetadas y que la elección del contralor se lleve a cabo bajo criterios de legalidad, transparencia y equilibrio de género. El juzgado advirtió que cualquier elección realizada sin verificación judicial previa será declarada ineficaz y generará sanciones por desacato.
