Las accionantes reclamaban dotación suficiente y oportuna de elementos de higiene íntima.
Mediante fallo de tutela, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado ordenó al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad Rodrigo de Bastidas, una serie de acciones obligatorias dirigidas también al Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Alcaldía de Santa Marta, entre otras entidades, que deberán garantizar la entrega mensual y suficiente de productos de higiene menstrual, a mujeres privadas de la libertad en ese centro de reclusión.
Con esta decisión, el despacho judicial ampara los derechos a la dignidad humana, la salud y el bienestar invocados por 37 internas representadas por la abogada Melina Quintero Santos, quienes argumentaron sentirse vulneradas debido a la entrega limitada de productos necesarios para su higiene íntima.
De acuerdo con lo expuesto en las motivaciones de las accionantes, solo recibían dos paquetes de toallas higiénicas de 10 unidades cada trimestre, en incumplimiento de la Ley 2261 de 2022, que establece una provisión mensual de estos artículos para personas privadas de la libertad.
Así mismo, el establecimiento penitenciario deberá realizar una evaluación detallada de cada persona para identificar las particularidades de sus necesidades de higiene menstrual. Se ordena también mejorar las instalaciones y asegurar el acceso a agua potable para facilitar el manejo de la menstruación en condiciones dignas y seguras.
Finalmente, la orden del juez exige la implementación de programas de educación en higiene menstrual, los cuales buscan sensibilizar y empoderar a las internas sobre su autocuidado, en un esfuerzo por crear un ambiente de respeto y dignidad.
