Las centrales sindicales aseguran que las iniciativas afectarían normas sobre tercerización ilegal, acoso y discriminación, trabajo doméstico, seguridad social de repartidores y protección sindical. El Gobierno habría planteado los cambios bajo el argumento de una depuración normativa.
Las centrales sindicales CUT y CGT expresaron su preocupación por ocho proyectos de decreto que, según denunciaron, el Gobierno nacional habría presentado para revisar o desmontar disposiciones reglamentarias relacionadas con la reforma laboral y otras garantías de los trabajadores.
De acuerdo con las organizaciones, las propuestas fueron planteadas el pasado viernes y podrían afectar normas sobre protección frente al acoso sexual en el ámbito laboral, garantías de asociación sindical y mecanismos de inspección y vigilancia. El Comando Nacional Unitario aseguró que ya manifestó al Ministerio del Trabajo sus reparos frente a las iniciativas.
¿Qué normas podrían verse afectadas?
Según el pronunciamiento sindical, los proyectos abarcarían asuntos como la tercerización e intermediación laboral ilegal, el depósito de pactos colectivos, la prevención del acoso y la discriminación, y la regulación del trabajo doméstico remunerado.
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También incluirían disposiciones relacionadas con medidas preventivas en las inspecciones laborales, la seguridad social de los repartidores y las multas aplicables en casos de despido de trabajadores que hayan denunciado acoso sexual.
Las centrales sostienen que estas normas fueron consultadas y debatidas antes de su expedición y que mantienen su presunción de legalidad y exigibilidad mientras no se determine lo contrario por las vías correspondientes.
Sindicatos cuestionan la justificación de los cambios
En su declaración, las organizaciones calificaron la iniciativa como un posible retroceso en las garantías laborales y cuestionaron que se justifique mediante una supuesta depuración administrativa.
“Esta arremetida normativa representa un desmantelamiento de las garantías operativas de fiscalización y protección”, manifestaron las centrales sindicales, que también advirtieron sobre el riesgo de que las disposiciones vigentes pierdan efectividad.
Los sindicatos afirmaron que no permitirán que las garantías laborales alcanzadas mediante movilizaciones y plasmadas en normas reglamentarias queden sin aplicación. Por ahora, la información suministrada no detalla el contenido individual de los ocho proyectos ni precisa cuáles serían las disposiciones que se derogarían o modificarían en cada caso.
