El tribunal concluyó que las dificultades económicas derivadas de sanciones no justifican la anulación del proceso, al considerar que existen mecanismos legales para garantizar la defensa del acusado, mientras persiste la disputa sobre el acceso a fondos y el alcance de las restricciones impuestas por Estados Unidos en un caso de alto impacto político y judicial internacional.
Un juez federal de Estados Unidos decidió mantener en firme los cargos penales contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al rechazar la solicitud de su defensa que buscaba la anulación del proceso alegando dificultades económicas para asumir los costos del litigio.
La decisión ratifica la continuidad de un caso de alto perfil internacional que involucra acusaciones por narcoterrorismo y tráfico de drogas.
El fallo fue adoptado por el juez Alvin Hellerstein, quien concluyó que la imposibilidad de acceder a determinados recursos financieros, incluso en medio de sanciones, no constituye un argumento jurídico válido para desestimar los cargos.
En ese sentido, el magistrado dejó claro que el proceso debe seguir su curso mientras se resuelven otros aspectos relacionados con la defensa.
Durante la audiencia, la defensa de Maduro insistió en que las sanciones impuestas por Estados Unidos bloquean fondos que podrían ser utilizados para pagar a sus abogados, lo que, a su juicio, vulnera su derecho a contar con una representación legal adecuada y de su elección.
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No obstante, el juez consideró que el sistema judicial estadounidense dispone de mecanismos para garantizar ese derecho, incluso en escenarios donde existen limitaciones económicas o financieras.
Pese a negar la petición principal de la defensa, el juez también mostró reservas frente a algunos argumentos del Gobierno estadounidense, especialmente aquellos relacionados con la imposibilidad de liberar recursos por razones de seguridad nacional.
Esta observación deja abierta una discusión paralela sobre el acceso a fondos y el alcance de las sanciones en medio del proceso judicial.
Por su parte, la Fiscalía sostiene que el mandatario venezolano podría recurrir a recursos personales para financiar su defensa y argumenta que no tiene derecho a utilizar fondos del Estado, dado que Estados Unidos no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela.
Este punto ha sido clave en el desarrollo del caso y refleja el trasfondo político que rodea el proceso.
Con esta decisión, el tribunal reafirma que el caso contra Maduro continuará avanzando en la justicia estadounidense, mientras persiste la disputa sobre las condiciones en las que el acusado puede ejercer su defensa en medio de restricciones económicas y sanciones internacionales.
