El Ministerio de Defensa deberá complementar los datos solicitados sobre los desplazamientos del presidente Abelardo De La Espriella en aeronaves de la Fuerza Pública, luego de que un juzgado determinara que la respuesta entregada inicialmente no atendía de manera completa la petición de información.
Una decisión judicial puso nuevamente bajo revisión los desplazamientos aéreos del presidente Abelardo De La Espriella. El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó al Ministerio de Defensa entregar, en un plazo de 48 horas, información adicional relacionada con los vuelos realizados por el mandatario en aeronaves oficiales.
La decisión se produjo después de una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara José Luis Bohórquez López, quien había solicitado detalles sobre los vuelos y los costos asociados a estos desplazamientos.
De acuerdo con lo conocido sobre el proceso, la información entregada inicialmente por el Ministerio de Defensa no habría cubierto todo el periodo requerido. El reporte recibido contemplaba operaciones realizadas entre el 7 y el 24 de agosto, por lo que el juzgado ordenó complementar la respuesta con los datos correspondientes al periodo comprendido entre el 25 de agosto y el 8 de septiembre.
El despacho judicial también pidió que la información sea presentada de manera clara, precisa y en un formato que permita su procesamiento, de acuerdo con lo establecido en la decisión.
Las cifras que están bajo revisión
Los primeros datos entregados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana y divulgados por el congresista registraban 103 desplazamientos entre el 7 y el 24 de agosto, con un costo reportado de $1.117 millones.
Dentro de ese consolidado aparecen 34 vuelos registrados con cero pasajeros, además de operaciones cuya duración fue inferior a diez minutos.
También se mencionaron desplazamientos relacionados con Sabanilla y la sede deportiva Adelita de Char, en Barranquilla, donde se desarrollan actividades del Junior.
Posteriormente, según un consolidado divulgado por el representante Bohórquez, el periodo ampliado hasta el 8 de septiembre habría elevado el registro a 219 trayectos, con un costo aproximado de $2.286 millones.
En ese reporte también se señaló que 43 trayectos tuvieron como origen o destino la zona de las canchas del Junior y que 138 operaciones habrían tenido una duración inferior a diez minutos.
Estos datos, sin embargo, hacen parte de la información que precisamente deberá ser complementada y aclarada por el Ministerio de Defensa.
La decisión judicial no establece que los vuelos hayan sido ilegales ni determina que exista una irregularidad en su utilización. El punto central del fallo es que la entidad debe responder de manera completa a la solicitud de información presentada y entregar los datos que faltaban dentro del plazo establecido.
Ahora, el Ministerio de Defensa deberá cumplir la orden judicial y poner a disposición la información correspondiente a los desplazamientos solicitados, mientras continúa el debate público sobre los costos y características de los vuelos oficiales utilizados por el presidente.
