Tras perder su curul por presunta doble militancia, el exdiputado y hoy candidato enfrenta una investigación de la Fiscalía por supuestas irregularidades en un proceso judicial.
Una investigación por fraude procesal adelanta la Fiscalía General de la Nación contra un aspirante a la Cámara de Representantes por el Magdalena, luego de que su elección como diputado fuera anulada por decisión judicial, situación que hoy vuelve a ponerlo en el centro de la controversia política.
Se trata del exdiputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe, quien perdió su curul en la Asamblea del Magdalena tras un fallo del Tribunal Administrativo del Magdalena, que concluyó que habría incurrido en doble militancia, al apoyar candidaturas distintas a las de la coalición que lo avaló.
De la nulidad electoral a la denuncia penal
Gutiérrez Uribe había sido elegido para el periodo 2024–2027 con el respaldo de la coalición Magdalena Grande; sin embargo, la decisión judicial tomada en 2025 no solo puso fin a su paso por la Asamblea, sino que dio pie a nuevas acciones legales.
En agosto de 2025, la Fiscalía recibió una denuncia penal contra el exdiputado y su abogado, Ricardo Tapias López, por presuntas anomalías registradas durante el proceso de nulidad electoral.
Señalamientos por presunta manipulación de pruebas
La denuncia fue presentada por el abogado José Jorge Polo Vásquez, quien advirtió posibles irregularidades en la presentación de una declaración juramentada utilizada dentro del proceso judicial.
El testigo clave, el periodista Ayinson Javier Orozco Castañeda, posteriormente se retractó, afirmando que su testimonio habría sido obtenido bajo presiones y ofrecimientos indebidos, hechos que también motivaron la intervención de la Procuraduría General de la Nación.
Caso toma relevancia en plena contienda electoral
Ante estos señalamientos, la Procuraduría decidió compulsar copias a la Fiscalía, que ahora deberá establecer si los hechos configuran responsabilidad penal por fraude procesal.
El avance de esta investigación se da en medio del escenario electoral, lo que ha generado expectativa sobre las consecuencias políticas y jurídicas que pueda enfrentar el candidato mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos.
