Internos de Santa Marta denuncian que están recibiendo tratos inhumanos

Las personas privadas de la libertadad, que se encuentran en la URI de la Fiscalía y en la estación de El Rodadero aseguran que los tienen “pasando hambre”.

Internos de la URI de la Fiscalía, ubicada sobre la calle 22 de Santa Marta, y de la Estación de Policía de El Rodadero denuncian tratos inhumados y violación de sus derechos.

A través de la línea de denuncia de Santa Marta Al Día, los internos evidenciaron que les están entregando comida en estado de descomposición desde hace nueve meses que lleva la pandemia del Covid-19, poniendo en riesgo su salud.

“Somos presos que cometimos errores, pero somos seres humanos”, es el sentir de 28 internos que se encuentran en la URI de la Fiscalía, quienes además señalan que no dejan que sus familias les lleven alimentos, por lo que el único bocado que pueden comer es el entregado por los oficiales.

En una de las imágenes que recibió este medio de comunicación, se logra vislumbrar lo que sería un gusano en la comida que les entregan para su sustento diario.

La petición de los presos es que respeten su derecho a la vida, entregándoles alimentos en buen estado; o que dejen que sus familiares les lleven comida con todos los protocolos de bioseguridad para tener víveres en óptimas condiciones.

Sin alimentos

Por otra parte, teniendo en cuenta que la cárcel Rodrigo de Bastidas no está recibiendo reclusos, se han habilitado para albergar al personal carcelario las estaciones de Policía, entre ellas, la de El Rodadero.

En esta estación policial, los internos señalan que no les dan alimentación; para que coman las familias tienen que solventarle esta necesidad o no comen. Por su parte, las personas que no tienen familia en la ciudad se someten a la solidaridad de los reclusos que si tienen.

Recordemos que, en esta misma estación se ha denunciado que hay internos contagiados con Covid-19 y las autoridades no han tomado las acciones necesarias para controlar el brote y atender a los presuntos enfermos.

Las personas privadas de la libertad le hacen un llamado a las autoridades distritales, para que no se sigan vulnerando sus derechos y les brinden unas condiciones de vida digna.