El gobernador indígena Anastasio Moscote aseguró que las comunidades de la Sierra Nevada ejercen control ancestral sobre el parque y propuso un modelo de coadministración con la autoridad ambiental.
Las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta reafirmaron su autoridad territorial tras la reapertura del Parque Nacional Natural Tayrona, asegurando que no requieren protección estatal y que su presencia responde al ejercicio legítimo de autonomía sobre un territorio que consideran ancestral.
Anastasio Moscote, gobernador de un cabildo indígena, manifestó que la decisión de permitir nuevamente el ingreso al área protegida forma parte de una acción pacífica previamente anunciada, en medio de las tensiones existentes con la autoridad ambiental por el control y manejo del parque.
“El Tayrona es nuestra historia viva, es nuestra esencia como pueblos originarios. No necesitamos que nos protejan, necesitamos que se respete nuestra autoridad”, afirmó el líder indígena, al insistir en el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que afectan su territorio.
Según explicó, la presencia de las comunidades no representa riesgo alguno para los visitantes, al tiempo que reiteró que el parque continúa siendo un espacio seguro. En ese sentido, destacó que la fuerza pública mantiene presencia en la zona y que no se han registrado hechos que comprometan la integridad de quienes ingresan al área protegida.
Comunidades insisten en coadministración
Moscote planteó que las comunidades indígenas buscan establecer un modelo de administración compartida con Parques Nacionales Naturales de Colombia, bajo el argumento de que el Tayrona hace parte integral de su territorio ancestral dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta.
El líder señaló que, si bien el Estado tiene la responsabilidad legal sobre las áreas protegidas, los pueblos indígenas también deben tener participación directa en su gestión, debido a su vínculo histórico, cultural y espiritual con el territorio.
De acuerdo con el gobernador indígena, esta solicitud surge como respuesta a lo que consideran decisiones unilaterales que desconocen la presencia ancestral de las comunidades y limitan su participación en la administración del parque.
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Aporte voluntario para sostenimiento del territorio
Frente a las críticas por el dinero solicitado a los visitantes, Moscote aclaró que no se trata de un cobro obligatorio, sino de una contribución voluntaria de 50.000 pesos destinada a cubrir gastos operativos y atender necesidades básicas dentro del parque.
El líder explicó que los recursos buscan fortalecer las condiciones del territorio, incluyendo mejoras en infraestructura y apoyo a las comunidades indígenas que habitan en el área.
Asimismo, sostuvo que históricamente los pueblos indígenas no han recibido beneficios económicos derivados del turismo que se desarrolla en el parque, pese a tratarse de su territorio ancestral.
Defensa de la autoridad ancestral
Las comunidades reiteraron que su presencia en el Tayrona responde a un ejercicio de gobernanza propia y defensa territorial, en medio de un debate creciente sobre el manejo de uno de los destinos turísticos más importantes del departamento del Magdalena.
El pronunciamiento de Moscote refleja el trasfondo de una discusión más amplia sobre la participación de los pueblos indígenas en la administración de áreas protegidas, así como el reconocimiento de sus derechos territoriales dentro de espacios que, además de su valor ambiental, representan un patrimonio espiritual y cultural milenario.
