En el informe se identificaron los riesgos y preocupaciones que pueden tener impactos en la transparencia, seguridad, libertad y acceso al voto en condiciones de igualdad.
La ONG Misión de Observación Electoral (MOE) dio a conocer en las últimas horas su preocupación por la escalada de violencia en varias regiones de Colombia y el impacto que eso tiene en las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo y en las presidenciales del 29 de mayo.
Así lo expresó la MOE en un informe en el que identifica los riesgos y preocupaciones que pueden tener impacto en la transparencia, seguridad, libertad y acceso al voto en condiciones de igualdad para los comicios.
La ONG señala “su preocupación por la escalada de violencia por parte de los diferentes actores armados ilegales en distintas regiones del país la cual, si bien en la mayoría de los casos no ha sido por causa de las elecciones, sí impacta el proceso electoral”.
Explica que esa situación impide a los candidatos movilizarse o realizar actos de campaña de “manera libre en los territorios donde se presentan enfrentamientos armados”.
Una de las regiones más afectadas es el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, en donde la guerra entre las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha dejado decenas de muertos este año.
Según la Defensoría del Pueblo, en enero pasado fueron asesinadas 66 personas, sobre todo en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Arauquita, y más de 1.200 personas han tenido que huir de sus casas en todo el departamento de Arauca.
Amenazas
La MOE recordó que en enero hubo 37 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, lo que supone un incremento del 27,6 % respecto al mismo periodo de 2018, último año electoral, en el que fueron contabilizados 29.
El informe detalla que mientras en 2018 ninguna de las agresiones fue contra aspirantes al Congreso o precandidatos a la Presidencia ahora la situación es diferente.
En este 2022 han tenido lugar ocho amenazas a candidatos al Congreso, un atentado contra un candidato a ocupar la Circunscripción Transitoria Especial de Paz y una amenaza contra un precandidato presidencial.
En cuanto al accionar de grupos armados ilegales, la MOE indicó que en enero hubo “un total de 69 acciones bélicas y 23 amedrentamientos” en el país.
Las disidencias de las FARC, dice la MOE, son los principales “generadores de violencia” al ser responsables de 36 acciones y ocho amedrentamientos, mientras que al ELN se le atribuyen nueve acciones bélicas y tres amedrentamientos.
“Resulta fundamental adoptar medidas tendientes a garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de campañas y el certamen electoral en sí mismo, más aún si consideramos que existe la posibilidad de cerrar puestos de votación por problemas de orden público”, apostilló la MOE.
Financiación de campañas
De otro lado, la Misión dijo que recibió información de diferentes candidaturas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) de que no les han llegado anticipos para financiar sus campañas.
“Esto es de total preocupación y amerita una reacción oportuna por parte de las autoridades electorales y del Gobierno Nacional, pues las barreras de acceso a estos recursos se traduce en la limitación a la participación en política en tanto no podrán desarrollar las campañas electorales en condiciones de igualdad”, dice la MOE.
Los CTEP deben elegir en las próximas elecciones 16 curules reservadas especialmente para víctimas del conflicto, un punto que se fijó en el acuerdo de paz de 2016 con las FARC pero que hasta ahora no había sido implementado.
El organismo explicó que ve con “profunda preocupación” que los candidatos, en particular los de las circunscripciones, tienen trabas para abrir cuentas bancarias.
Por último, la MOE consideró “positivos” los cambios introducidos a las tarjetas electorales que hacen más fácil ubicar y marcar a los candidatos.
EFE
