- La reforma presentada impulsa una minería responsable, fortalece los derechos de las comunidades mineras y promueve un mayor valor agregado para los territorios.
El representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández, acompañó este martes la radicación del proyecto de Nueva Ley Minera presentada por el Gobierno nacional ante el Congreso de la República, una iniciativa estratégica que busca modernizar el sector, fortalecer el papel del Estado en la gestión de los recursos minerales y promover un modelo de desarrollo con justicia social, protección ambiental y mayor bienestar para las comunidades.
Liderado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el proyecto propone impulsar la formalización de la pequeña minería, promover la industrialización de minerales estratégicos, fortalecer la planificación del sector y elevar los estándares de protección ambiental y laboral.
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Durante la radicación, el representante Felipe Hernández reiteró su respaldo a la iniciativa.
“Esta ley representa un cambio de fondo para el país. Pasamos de un modelo centrado únicamente en la extracción a uno que fortalece la presencia del Estado, dignifica a los pequeños mineros, protege nuestras fuentes hídricas y convierte la riqueza mineral en una oportunidad de desarrollo para los territorios. Desde el Congreso respaldaremos esta reforma porque hace parte de las transformaciones que Colombia necesita y que lidera el Gobierno del presidente Gustavo Petro”, afirmó Hernández.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, hizo un llamado al Congreso para avanzar con celeridad en el trámite de la iniciativa.
“Hacemos un llamado de urgencia para que este proyecto avance en el Congreso. Es fundamental para la planeación minera y ambiental del país. La iniciativa debe salir adelante por la protección de los derechos y el desarrollo de las comunidades mineras y de nuestros territorios”, afirmó el jefe de la cartera.
La iniciativa crea un régimen especial para la pequeña minería, tradicional y ancestral, fortalece la protección del agua y los ecosistemas mediante una licencia ambiental integral para todas las etapas de los proyectos mineros, establece mayores responsabilidades para el cierre de minas y amplía las garantías para los trabajadores del sector.
Para el representante del Magdalena, esta reforma permitirá que la transición energética genere más valor agregado, empleo y desarrollo en las regiones mineras, consolidando un aprovechamiento responsable de los recursos minerales en beneficio del interés nacional.
Con la radicación de este proyecto, el Congreso inicia el trámite de una reforma estructural que busca modernizar la legislación minera, fortalecer la soberanía del Estado sobre los recursos del subsuelo y avanzar hacia un modelo de desarrollo que concilie el crecimiento económico con la protección del ambiente y el bienestar de las comunidades.
