El proceso está relacionado con las obras de urbanismo de los escenarios deportivos utilizados en Santa Marta durante los Juegos Bolivarianos de 2017. Los hallazgos incluyen deterioro de infraestructura, presuntos sobrecostos y documentos técnicos faltantes.
El exalcalde de Santa Marta Rafael Alejandro Martínez figura entre los implicados en un proceso de responsabilidad fiscal relacionado con las obras de urbanismo ejecutadas para los Juegos Bolivarianos de 2017. Según la información conocida, la Contraloría estableció una cuantía de $572.290.776 y vinculó al caso al Distrito de Santa Marta, al entonces Coldeportes y al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social.
La decisión se deriva de una evaluación de la Contraloría Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que identificó presuntas irregularidades en la construcción y adecuación de los espacios deportivos. El proceso también involucra al entonces gerente de Infraestructura del Distrito, Sander Alfonso Rodríguez Peña, y a Adriana María Giraldo, representante legal del Fondo Mixto.
Tres hallazgos bajo la lupa
Entre las situaciones examinadas se encuentran deficiencias constructivas, deterioro de las obras y falta de mantenimiento. El informe señala daños en zonas verdes, luminarias y rejillas faltantes, tapas deterioradas y fisuras en losas y andenes.
El primero de los hallazgos fue cuantificado en aproximadamente $93,8 millones y está relacionado con el deterioro de las obras. La evaluación también identificó presuntos sobrecostos en los valores unitarios de actividades ejecutadas mediante distintos contratos, por una cuantía indexada de $100,6 millones.
El tercer hallazgo corresponde a los planos récord, documentos técnicos que debían entregarse al finalizar las obras. Por este concepto, la Contraloría estableció una cuantía indexada de $377,7 millones.
Obras ejecutadas para los Juegos Bolivarianos de 2017
Los trabajos cuestionados están relacionados con la infraestructura de urbanismo de los escenarios que acogieron las competencias de los Juegos Bolivarianos, realizados en Santa Marta entre el 11 y el 25 de noviembre de 2017.
El caso vuelve a poner bajo revisión la ejecución y entrega de obras financiadas con recursos públicos para un evento deportivo internacional que tuvo como sede a la capital del Magdalena.
