La acusación del mandatario magdalenense obedece a la investigación que le anunció la Procuraduría por defender los intereses populares y marchar con el pueblo durante el Paro Nacional.
El Gobernador del Magdalena Carlos Caicedo denunció ante el Tribunal Internacional de Opinión las posibles persecuciones y bloqueos que viene sufriendo él y su gobierno por parte del exsenador y expresidente Álvaro Uribe y de la Presidencia de Iván Duque, luego que la Procuraduría General de la Nación anunció investigarlo por marchar pacíficamente y defender el derecho a la legítima protesta del pueblo durante las movilizaciones del Paro Nacional.
“Nuestro gobierno ha asumido una postura progresista, humanista y garantistas el respeto por los derechos humanos. No solamente rodeamos de garantías la legítima protesta, sino que también apoyamos el justo reclamo de los ciudadanos a las políticas que afectan sus derechos por parte del gobierno del presidente Iván Duque”, manifestó Caicedo.
Así mismo dijo que “nuestra postura al lado de la ciudadanía es la que ha ocasionado la apertura de investigaciones por parte de la Procuraduría en contra nuestra, a pesar que gobernadores y alcaldes deben tener control y prestar garantías a los derechos, pues parte de los ejercicios democráticos es permitir que la gente se exprese”.
Respecto a ello, el ejecutivo departamental denunció que “inclusive, insistimos en que se nos entregue el expediente. Mi abogado defensor ha hecho 3 solicitudes para que nos entreguen copia del expediente y saber cómo nos vamos a defender”.
El mandatario señaló “yo pienso que le estaban dándole largas hasta que en el Congreso se les aprobara (a la Procuraduría) las facultades de separar del cargo a los funcionarios de elección popular y suspenderlos, porque cuando notifican la investigación -el 2 de junio- todavía no estaba aprobado. Parece que le están dando largas para aplicarnos las nuevas facultades que tienen, que esperamos que caigan por inconstitucionales, pero las usarán transitoriamente y esto salió publicado en la página de la Procuraduría”.
Igualmente, el Gobernador explicó: “Yo sí creo que hay una estrategia en contra nuestra, pues, ha sido sistemático, debido a que hay actores políticos y territoriales que están vigentes y los hemos estado enfrentando. Se trata de personas que han tenido las credenciales de congresistas que se acercan al Gobierno Nacional y a los órganos de control que, en Colombia, de cualquier manera, para ser nominados sus titulares, deben intervenir los congresistas, a quienes les entregan procuradurías y contralorías a nivel regional, poniéndolas a sus servicios para estos procesos persecutorios”.
En sus declaraciones agregó que “es un asunto coyuntural pues somos parte de un movimiento que viene siendo fustigado, no solamente yo, sino todos aquellos que hacen parte del mismo y han ostentado cargos de elección popular como en su momento le pasó al exalcalde Rafael Martínez y la alcaldesa actual de Santa Marta, Virna Johnson, lo mismo yo”.
Continúo diciendo “evidentemente hay una estrategia en nuestra contra y las investigaciones deberían corroborarlo. Detrás de eso están implicados actores políticos como Álvaro Uribe y distintos jefes de partidos en el territorio. La incidencia que el exsenador y expresidente tiene sobre el Gobierno Nacional es evidente y eso influye en el bloqueo y la persecución en nuestra contra, que tenemos un mandado constitucional para garantizar el cumplimiento de derechos en los territorios y se nos limita las garantías a estos derechos al ir bloqueando nuestras facultades, como así también lo viene haciendo la propia Asamblea del Magdalena, manejada por ellos y la cual, en la mayoría de las veces, no me da facultades para ejecutar el Plan de Desarrollo, que ellos mismos aprobaron”.
Caicedo también reportó que durante el paro se desarrollaron 6 marchas pacíficas en Santa Marta, para las que, previamente, se había reunido con la Policía, el Ejército y los líderes del Comité de Paro, precisamente, en aras de garantizar los derechos humanos de los manifestantes y el respeto a las autoridades por parte de la ciudadanía, con el propósito de lograr unas manifestaciones en paz, cuyo propósito habrían intentado sabotear fuerzas oscuras de la ultra derecha.
“Aquí se generaron algunas acciones aisladas, que no tenían que ver con las protestas, pero desde la cuales quisieron aprovechar políticamente para deslegitimar la protesta. Pero esas personas estaban presuntamente pagos por actores políticos, algo que coincidió con la reacción del expresidente y exsenador Álvaro Uribe. Cada que se levantan las movilizaciones pacíficas se causan desmanes aislados para seguramente generar acciones adversas de la población hacia los marchantes”, concluyó.
