La administración departamental asegura que el gobierno Nacional y los miembros del OCAD Caribe bloquean los recursos.
La Gobernación del Magdalena denunció que en la sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la RAP Caribe, celebrada el 31 de marzo del presente año, los gobernadores de La Guajira y Cesar, los delegados de Sucre, Córdoba, Bolívar y Atlántico no tramitaron su propuesta respecto a la designación del ejecutor para el proyecto del PAE.
Con esta negación se estaría afectando la alimentación de 141.000 niños y niñas magdalenenses, los cuales se encuentran desde hace 3 meses sin los beneficios del programa.
De acuerdo con la administración departamental, desde que inició el PAE como programa ejecutado por las entidades territoriales en el año 2016, ha contado con recursos de regalías y ha sido la Gobernación la operadora de dicho proyecto, para lo cual ha contratado la prestación del servicio mediante licitación.
“Los gobernadores del Caribe aliados de los clanes políticos regionales deliberadamente han impuesto un bloqueo al Magdalena con el concurso del presidente Duque, evidenciado el 22 octubre de 2021, cuando deciden por primera vez no aprobar el proyecto del PAE luego de 8 años de haberse venido aprobando”, dice el comunicado.
Asimismo, la administración departamental asegura que los mandatarios hundieron el proyecto presentado y los obligaron a reformularlo con el Ministerio de Educación y de Hacienda para presentarlo nuevamente ante el OCAD.
“Fue necesario que padres de familia de los municipios interpusieran tutelas para lograr la aprobación del proyecto, pero negaron que el ente territorial fuese el ejecutor de los recursos, bloqueando la prestación del servicio de alimentación a los niños y niñas del Magdalena”, expone el escrito.
Para la gobernación la decisión del OCAD (6 de diciembre de 2021) de designar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ejecutor del PAE, a sabiendas que no era competente, quedó en evidencia con las respuestas del ICBF y del Ministerio de Educación, quienes ratificaron lo dicho por la Gbernación, en el sentido que no procedía esa designación, constituyendo una decisión arbitraria y contraria a la ley.
“Cometieron con ello, prevaricato y presuntas faltas disciplinarias, quienes abusivamente presionaron por la asignación del ICBF como ejecutor”, dice el documento de la gobernación.
La Gobernación del Magdalena abrió un proceso de licitación pública desde enero para garantizar el servicio de alimentación, en el cual, no se presentó ningún oferente.
No obstante, se abrió un proceso de contratación por 102 días calendario escolar con recursos propios y del SGP que solo cubre el programa hasta septiembre, haciendo necesaria la aprobación de los recursos de regalías para cubrir todo el año escolar.
“Hemos puesto en conocimiento de los órganos de control para que se investiguen y sancionen estas conductas contrarias a la ley, que sólo buscan apropiarse de los recursos públicos y refuerzan una estrategia de persecución política contra un gobierno alternativo elegido democráticamente por el pueblo”, puntualizó la administración departamental.
