De acuerdo con los informes de Medicina Legal, la causa de la muerte de estas personas fue por proyectil de arma de fuego.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a los patrulleros de la Policía Nacional, Óscar Alexander Márquez Rojas y Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla, por hechos relacionados con el homicidio de tres personas durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Soacha, Cundinamarca.
La muerte de estos jóvenes se registró durante las manifestaciones contra las instalaciones de la policía y confrontaciones entre uniformados y ciudadanos que expresaban su inconformismo por el procedimiento policial realizado la noche anterior en Bogotá, en el que perdió la vida Javier Ordoñez.
El ente disciplinario cuestionó la conducta del patrullero Márquez Rojas, quien, en su condición de integrante de patrulla de vigilancia de la estación de Policía León XIII de la Policía Metropolitana de Soacha, posiblemente de manera deliberada y como consecuencia del exceso en el uso de su arma, causó la muerte de Anthony Gabriel Estrada Espinoza y daños a una residencia del sector.
La Procuraduría también formuló cargos al patrullero Ricaurte Pinilla, gestor de participación ciudadana de la estación de Policía León XIII de la Policía Metropolitana de Soacha para la época de los hechos, quien, al parecer, de manera imprudente manipuló su pistola de dotación cuando se produjo un enfrentamiento entre los uniformados y los manifestantes.
El órgano de control señaló que, en los hechos investigados perdieron la vida tres personas identificadas como: Anthony Gabriel Estrada Espinoza, Lorwan Stiwen Mendoza Aya y Cristian Andrés Hurtado, “pero hasta el momento solo se ha podido esclarecer la muerte del primero de los mencionados, vidas que se perdieron por el uso indebido de las armas de fuego”.
De acuerdo con los informes de necropsia realizados por los peritos del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses, la causa de la muerte de estas tres personas fue por proyectil de arma de fuego y su deceso se produjo de manera violenta.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública calificó provisionalmente la conducta de los investigados como gravísima a título de dolo para Márquez Rojas y con culpa gravísima en el caso de Ricaurte Pinilla.
