El mandatario hizo el préstamo antes de posicionarse en el cargo.
En el ‘ojo del huracán’ se encuentra en alcalde de Pivijay, Roberto Mario Pérez, luego de que salieran a la luz pública los contratos que suscribió con un hombre del cual recibió un préstamo por 300 millones de pesos.
El préstamo lo habría suscrito Pérez con Ricardo José Romero Crespo en el 2019, justo antes de ganar la alcaldía del municipio. Sin embargo, no todo resultó en buenos términos, porque el prestamista interpuso una acción judicial por el no pago de la deuda.
A raíz de la acción judicial, el juzgado promiscuo del circuito de Planeta Rica, Córdoba ordenó el “embargo de la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal que devenga Roberto Mario Pérez Varela”.
Ahí no quedó el asunto, pues la W Radio reveló que el alcalde ha elegido a Romero Crespo como contratista en al menos tres ocasiones:
-Construcción de “dos habitaciones en vivienda unifamiliar para mejorar las condiciones de vida de una familia en estado de vulnerabilidad en el corregimiento de Medialuna del municipio de Pivijay” en el 2020.
– “Reconstrucción del parque San Martín ubicado en el barrio 23 de Diciembre en el municipio de Pivijay, Magdalena”.
-Construcción del sistema de acueducto del corregimiento de Caraballo Etapa I del municipio de Pivijay en 2021.
Los contratos han sido vistos como “favores políticos”, teniendo en cuenta que le da contratos al hombre que le debe millonaria suma de dinero.
Cabe destacar que, este no ha sido el único incidente en el que ha estado involucrado Pérez desde su mandato. En el 2021 la Fiscalía General de la Nación abrió un proceso penal contra el mandatario con la finalidad de investigarlo por la probable comisión de los delitos de Prevaricato por Acción, Falsedad Ideológica en Documento Público y Fraude a Resolución Judicial.
Lo anterior, debido a que el mandatario municipal nombró y posesionó a Cesar Augusto Caballero Sierra como Tesorero General de esa Entidad Territorial sin considerar la inhabilidad permanente que tenía para desempeñar funciones públicas.
Caballero Sierra tenía inhabilidad para ejercer funciones públicas dada a su condena de 1 año de prisión al hallarle culpable de cometer el injusto de Peculado por Aplicación Oficial Diferente cuando se desempeñó como Director del Departamento Administrativo de Salud Distrital de Santa Marta.
