Aseguran que ellos no han llegado a ningún acuerdo con el empresario y el jurista todo lo habría hecho a sus espaldas.
María Camila Martínez fue una de las víctimas de la tragedia en Gaira que cobró la vida de 5 personas más, en un accidente de tránsito en el que el principal responsable sería el empresario samario Enrique Rafael Vives Caballero.
Martínez era madre de un menor de tan solo 5 años, quien actualmente se encuentra bajo el cuidado de su abuela paterna, la cual es la responsable de velar por los intereses del niño que además cuenta con un grado de autismo.
Sin embargo, la señora Gloria González (abuela del menor y suegra de María Camila), denunció a través de los micrófonos de Smad Radio Web, que ha sido víctima de engaños por parte del abogado que adelantaba el caso, identificado como Jesús Prada.
“Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, no sé qué pasa con la Fiscalía y los abogados, solamente nos hemos enterado a través de redes sociales del avance del caso”, indicó la suegra de la mujer fallecida.
Asimismo, recalcó que, como familiar, y actual representante legal del menor, no ha sido partícipe en ninguna oportunidad de las audiencias que se han llevado a cabo.
“Ayer le pedimos la renuncia al abogado para que se haga a un lado, porque se están presentando cosas que nos han dejado sorprendidos”, agrega Gloria González.
Uno de los inconvenientes que habría sido el detonante para que la familia Martínez prescindiera de los servicios del jurista, obedece a que presuntamente este no les habría avisado la fecha en la que se llevaría a cabo la audiencia en la que Vives aceptaría el preacuerdo con la Fiscalía.
La diligencia tuvo lugar el pasado 17 de mayo, y habría quedado pactado que el empresario pagaría 7 años y 6 meses de prisión domiciliaria.
“En ningún momento hicimos acuerdos para que a Vives se le retiraran los cargos. Porque quien va a querer retirar cargos por esa miseria que dieron”, agregó.
Cabe indicar, que la familia Martínez sí recibió la indemnización por parte de la compañía aseguradora, cuyo monto supera los 100 millones de pesos.
Sin embargo, el inconformismo obedece a que el abogado no estaría velando por los intereses del menor, sino que estaría tomando decisiones sin haber sido autorizadas.
“Nos equivocamos, porque están haciendo audiencias a puerta cerrada, firmando y haciendo todo tipo de despelotes con el dolor de nosotros”, puntualizó la mujer.
Finalmente, la representante de la familia Martínez, indica que su único interés es que se haga justica, y que la ciudadanía sepa que no han retirado los cargos en contra de Vives Caballero, puesto que han recibido todo tipo de comentarios negativos a través de las redes sociales.
