El ente de control pidió priorizar la atención a más de 81 mil familias afectadas, alertó sobre aguas estancadas que podrían generar problemas de salud y cuestionó posibles decisiones sin estudios técnicos en zonas inundadas.
La Contraloría General de la República lanzó un llamado urgente al Gobierno nacional y, en particular, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para que redoble esfuerzos en la atención de los damnificados por las intensas lluvias que han golpeado a varios municipios del país, especialmente en el departamento de Córdoba.
La advertencia se da en el marco del especial seguimiento que realiza el organismo de control a los recursos asignados y a la ejecución del Decreto de Emergencia Económica declarado para enfrentar la crisis.
Tras visitas de inspección, la Contraloría advirtió que en varias zonas las aguas permanecen estancadas, lo que podría requerir bombeo mecánico hacia ríos y caños cercanos para evitar mayores afectaciones físicas y sanitarias a la población, debido al proceso de descomposición que podría iniciarse.
Alerta por eliminación de diques
El ente de control también expresó preocupación frente a una presunta orden de eliminar diques y compuertas en áreas inundadas de Córdoba. Según indicó, cualquier intervención de este tipo debe estar sustentada en estudios hidráulicos y contar con la autorización de las autoridades ambientales competentes.
La entidad advirtió que actuar sin estos soportes técnicos podría generar consecuencias mayores, alterar el comportamiento hidrológico de la zona y comprometer el patrimonio público, además de desconocer derechos adquiridos legalmente.
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Cifras que dimensionan la emergencia
De acuerdo con el balance entregado por la Contraloría, la magnitud de la emergencia es considerable: 81.114 familias, equivalentes a 225.675 personas, han resultado afectadas en 25 municipios del departamento.
El reporte incluye además 150.500 hectáreas de cultivos inundadas, 65 acueductos impactados, 16 centros de salud afectados, 464 instituciones educativas con daños, 1.948 kilómetros de vías deterioradas y 124 puentes vehiculares junto a un puente peatonal comprometidos.
Estas cifras, señaló el organismo, evidencian la urgencia de acelerar la entrega de ayudas humanitarias y de garantizar una ejecución eficiente de los recursos públicos.
Llamado a transparencia y agilidad
La Contraloría reiteró su solicitud a las autoridades territoriales para que sean rigurosas y ágiles en la consolidación del Registro Único de Damnificados (RUD), herramienta clave para canalizar las ayudas. Según el último reporte, el registro ya alcanza el 95 % del estimado de personas afectadas.
Asimismo, pidió que los procesos de contratación de obras y servicios necesarios para superar la emergencia se realicen con criterios de transparencia y efectividad.
