La propuesta busca formalizar el trabajo intramural, permitir cotización a pensión y reforzar la resocialización de los internos.
El gobierno de Gustavo Petro alista una iniciativa que podría cambiar de fondo el modelo laboral en las cárceles del país. El Ministerio del Trabajo trabaja en un proyecto para que las personas privadas de la libertad que desempeñen labores dentro de los centros penitenciarios reciban pago equivalente al salario mínimo y acceso a seguridad social.
La apuesta es clara: pasar de actividades sin remuneración formal a un esquema con derechos laborales básicos. Según la cartera, el trabajo en prisión debe tener protección del Estado y cumplir una función resocializadora, sin desconocer la dignidad de quienes participan en estas actividades.
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Además del pago, la propuesta contempla que los internos puedan cotizar a pensión y tener cobertura en salud, lo que les permitiría construir un historial laboral mientras cumplen su condena.
Desde el Gobierno se plantea que este modelo no solo tendría un impacto económico, sino también social: facilitaría la reintegración una vez recuperen la libertad, al contar con experiencia y algún respaldo financiero.
