Mientras unos convocan al aislamiento inteligente, representantes de la institucionalidad en el distrito con la marcha de ayer invitan a desobedecer la misma alerta que ellos emitieron.
A través de la Resolución 090 del 22 de noviembre el secretario de Salud de la ciudad decretó la alerta naranja hospitalaria ante el aumento de casos de COVID-19 así como la alta ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El panorama pone a Santa Marta en el tercer territorio a nivel nacional, por debajo de Bogotá y Barranquilla, donde existe una tasa de positividad en aumento por cada 100 mil habitantes. Y al corte del 13 de este mismo mes la letalidad acumulada por el coronavirus superaba la media nacional y referencias regionales como la capital del Atlántico. O sea, la cuestión no es de mínima preocupación.
El Ministerio de Salud envió una alerta a las autoridades samarias para que fortalezcan las acciones del programa Prass, especialmente en lo relacionado con la identificación oportuna de casos positivos; así como la adherencia a los protocolos de bioseguridad como el uso de tapabocas y el distanciamiento social, incluso en los ya vacunados. De igual forma recomendó avanzar con las jornadas de inmunización.
Pero a pesar de los llamados a evitar escenarios de propagación del virus en Santa Marta los intereses particulares han primado sobre los colectivos. Mientras unos convocan al aislamiento inteligente, representantes de la institucionalidad en el distrito invitan a desobedecer la misma alerta que ellos emitieron. La movilización de ayer da cuenta de un escenario donde una pregunta queda sobre la mesa: ¿Qué es primero? Si la protesta de Fuerza Ciudadana contra Iván Duque o el autocuidado para evitar el colapso de la red sanitaria, teniendo presente que, de acuerdo con los expertos, una de las razones del tercer pico de contagios fue las marchas del paro nacional.
Impensable, que mientras en Bonda cancelan la sesión descentralizada del Concejo por la declaratoria de alerta naranja, contratistas y funcionarios de la alcaldía y la gobernación se reúnan obviando el grave riesgo por el que pasa el distrito.
En la ciudad la ‘alerta naranja’ no es sanitaria sino política, no es hospitalaria sino partidista, no es médica sino ideológica, y es inversamente proporcional al fin de las alertas, porque en el plano de lo epidemiológico se entiende como el alistamiento de la red de salud, pero en esta comarca se cambia por salir a las calles y gritar que el Presidente de Colombia, junto a otros políticos del Magdalena, “se quieren robar el agua para Santa Marta”. El cúmulo de hombres y mujeres vistiendo camisas naranjas evidencia la contrariedad del asunto.
La alcaldesa Virna Johnson y el secretario de salud Henrique Toscano tienen COVID-19 y no se sabe si tal vez pueda ser un brote en varios funcionarios cercanos a la mandataria, que a propósito estuvo en la concentración a las afueras de la Empresa de Servicios Públicos (Essmar) el lunes cuando fue intervenida por la Superservicios.
El objetivo en sí mismo de la marcha en rechazo a la salida de Fuerza Ciudadana de la Essmar no es malo, cada quien protesta de la manera que cree oportuna, pero no en este momento donde se pide prudencia y sensatez para que a la economía, que medio se levanta, no se le dañe la fiesta porque aunque la razón de la protesta sea válida no se puede arriesgar el terreno ganado. En este caso, el fin no puede justificar los medios.
