El hacinamiento en la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta no da espera y la luz verde para superar esta situación es la construcción de un nuevo establecimiento en el municipio de Sabanas de San Ángel; sin embargo, cuando todo esto parecía ir encarrilado, la presunta evasión a la consulta previa podría paralizar la obra.
Poblaciones indígenas que hacen parte del área de influencia del terreno donde se construirá la cárcel, reclaman su derecho y aseguran que se les fue vulnerado.
La obra que fue adjudicada al consorcio Intercarcel 2015 en diciembre de 2019 por un valor de obra de $186 mil millones, pero la violación a la norma en los: convenio 169 de la OIT donde habla del derecho fundamental para consulta previa para poblaciones indígenas y tribales; además de la Directiva Presidencial el ABC de la Consulta Previa, podría paralizar su construcción.
Edilberto Riátiga, representante de Riatiga Consultores, apoderado de las comunidades indígenas Chimila, Ette Ennaka en esa zona, asegura que antes de ejecutarse el proyecto se debió adelantar el proceso por parte del Ministerio del Interior y la dirección de Consulta Previa, para que se verificara qué comunidades se podían ver afectadas con la obra según el área de influencia.
Dijo que era obligación conocer las coordenadas presentadas en los estudios realizados por la consultoría, para que las comunidades obtuvieran sus derechos.
EN ENTREVISTA CON SANTA MARTA AL DÍA el representante dijo:
Dijo que en el lugar donde se construirá la cárcel “hay tres sitios sagrados, entre ellos dos estructurales que generan una afectación directa a la población Ette Ennaka Chimila”.
De igual forma hubo negligencia por parte del mismo Ministerio del Interior al negar que exista presencia de estos grupos.
