La muerte Jonathan López, los fallecimientos de Yeiser Escorcia Escalante y el del abogado Javier Ordóñez en la ciudad de Bogotá, entre otros casos, fue lo que impulsó a algunos familiares de las víctimas a exigir cero impunidad.
Las protestas en el país a raíz de los constantes abusos policiales no terminan, y Santa Marta no es la excepción. Varios samarios conformaron un grupo de acción comunitaria con el fin de tomarse las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana para exigir justicia ante los hechos de violencia que involucran a los agentes que prestan este servicio.
La muerte del mototaxista de Jonathan López, el fallecimiento del joven Yeiser Escorcia Escalante en el barrio San Jorge, el del abogado Javier Ordoñez en la ciudad de Bogotá, entre otros casos, fue lo que impulsó a algunos familiares de las víctimas y líderes de organizaciones sociales a reclamar mayores garantías de los derechos humanos y cero impunidad en los procesos judiciales que se adelantan.
“Muchos hombres, mujeres y jóvenes samarios son violentados de sus derechos, por eso no podemos permitir que los ánimos vengativos se impongan en un estado social de derecho, necesitamos solidaridad, queremos que este pliego de peticiones sea respaldado por todos”, aseguró Jennifer del Toro, una de las protestantes.
Durante la convocatoria, Del Toro, hizo también un llamado a la ciudadanía y pidió a las diferentes organizaciones sociales, trabajadores informales, estudiantes y a la comunidad en general que se ha visto perseguida por la fuerza pública, reclamar protección civil y no agresiones físicas o abusos de autoridad.
Dentro de los puntos dados a conocer a través de un comunicado a la opinión pública, el grupo de acción denuncia cierto control social a través de la militarización de la vida civil, lo cual, según los protestantes, representa un riesgo para las libertades y el pleno ejercicio de la democracia.
Además, otra de las mayores preocupaciones, son las denuncias de la ciudadanía por hechos relacionados el uso desproporcionado de la fuerza pública, como también la exigencia de una reorientación del gasto público en seguridad, con garantías de inversión a iniciativas que beneficien a los jóvenes y comunidades.
