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Santa Marta

¡En Santa Marta son cerca de 1.000! Buscan que niños venezolanos sean nacionalizados

Migrantes venezolanos en Colombia, llegan por el puente internacional Simon Bolivar. Foto: Esteban Vega la-Rotta. Febrero 8 de 2018

En Santa Marta según las raciones que debe entregar el PAE hay un total de 945 niños y jóvenes de nacionalidad venezolana.

La Defensoría del Pueblo, radicó un proyecto de ley que busca otorgar la nacionalidad por adopción a los hijos e hijas de venezolanos migrantes de manera ilegal, que hayan nacido en el territorio colombiano.

La Entidad, en cumplimiento de su misión constitucional y legal, ha manifestado su preocupación por los hijos e hijas de personas venezolanas en situación de migración irregular, por poner en riesgo sus vidas al enfrentarse a múltiples obstáculos para ejercer sus derechos fundamentales.

A propósito del mes de los niños, con este proyecto, la Defensoría del Pueblo propone adecuar el ordenamiento jurídico colombiano a los estándares internacionales sobre la protección especial de los derechos humanos de esta población.

De esta manera, se evitaría el grave riesgo de apatridia (es decir que carece de nacionalidad legal) en el que están vinculados estos niños y niñas. Esto debido a que nuestro ordenamiento constitucional no permite la adquisición del derecho a la nacionalidad por haber nacido en territorio colombiano, sino que determinó unos criterios para su titularidad, como el hecho de vivir en Colombia, caso que para estas familias migrantes ilegales, resulta imposible de probar.

La nacionalidad venezolana que acredita a estos niños y niñas, no representa tampoco una opción para sus padres por las barreras para realizar el trámite correspondiente con ese fin, por eso, muchos menores de edad nacidos en Colombia no cuentan con nacionalidad, lo que conlleva a la imposibilidad del acceso y garantía de sus derechos, incrementando la vulnerabilidad de esta población que tiene especial protección constitucional.

La Defensoría del Pueblo espera contribuir a que esta población, a la que el Estado se ha comprometido a proteger de manera reforzada, pueda gozar efectivamente de sus derechos y tener condiciones de vida dignas.

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