La emergencia tiene en crisis al sector, que además cumple importante labor con el cuidado del mar.
Los proveedores de servicios de buceo en Santa Marta y otras ciudades costeras de Colombia están a punto de desaparecer al no poder funcionar, hundiéndose en pérdidas económicas y a futuro en los pasivos.
La pandemia del Covid-19 empezó a afectar en los ingresos del gremio a partir de enero, dado que el 66% de su mercado es extranjero, lo cual terminó por generar cierre total de operaciones en marzo, por restricciones de navegación, paralizando por completo la industria de manera indefinida.
Los centros de buceos en Colombia calculan, a fecha del 15 de abril, pérdidas económicas cercanas de $1.700 millones, cifra que a agosto podría ascender a los 8.600 millones.
La parálisis de esta actividad comercial y turística ha afectado a otros sectores, sobre todo en destinos altamente reconocidos para realizar la actividad como Taganga, en Santa Marta, ya que un cliente de buceo en promedio pernocta cuatro noches, lo que genera ingresos para la hotelería, la gastronomía, transporte, entre otros.
Así mismo, genera efectos en aerolíneas pues el 66 % de viajeros son extranjeros y del 34 % restante requiere desplazarse dentro de Colombia, tomando en cuenta que el buceo mueve alrededor de 70.000 buzos al año, sin contar acompañantes.
En la quiebra
Los propietarios de las casas de buceo en Santa Marta se declararon derrotados, y ahogados en deudas por arriendos, servicios públicos y pagos de empleados y, lo peor, sin una forma de salir a flote.
El Centro de Buceo Atlántida, por ejemplo, se quedó sin sede donde funcionar. Para su representante, la bióloga marina Lina Rico, entregar el local se trató de una decisión difícil, teniendo en cuenta que esta actividad tuvo una excelente proyección en el 2019, que mostraba sería mucho mejor en el 2020, cuando se inició una campaña que buscaba convertir a Santa Marta en la capital nacional de buceo.
Rico precisó que en esta ciudad, el 90 por ciento de los proveedores de estos servicios funcionan bajo arrendamiento en locales comerciales ubicados en zonas turísticas, altamente costosas y cuyos dueños han sido indolentes con la crisis.
“El Estado fue muy blando con las medidas que adoptó en sus decretos para los arrendatarios. Si bien dijo que teníamos que hacer una negociación, los arrendadores han sido muy poco solidarios y se han negado acceder a nuestras solicitudes, en el sentido de bajar a la mitad el canon de arrendamiento durante los meses de pérdida”, añadió.
Al no haber acuerdo, el cierre indefinido de muchos locales ha sido la única opción.
“Si dejamos que las deudas y servicios públicos crezcan, retomaremos con millonarias pérdidas e incumplimientos que terminarán en embargos de los activos de la empresa”, anotó.
Rico asegura que los buzos se encuentran en una situación imprevisible, que fue imposible de planear o establecer estrategias ante las extremas pero necesarias medidas de las autoridades. “Quedamos abandonados por parte de las políticas de los gobiernos nacionales y locales, que hasta hoy no tienen una estrategia clara de reactivación para el turismo y mucho menos alivios económicos o ayudas que le den oxígeno a nuestra industria para soportar la prolongación de esta crisis”, manifestó.
En Santa Marta, alrededor de 60 personas dependen directamente del buceo en la modalidad de contrato laboral y otros 80 como contratistas. Lo anterior sin tomar en cuenta los empleos indirectos como los fibreros, mecánicos de motores, el de mantenimiento de equipos, entre otros.
Efecto ambiental
La ausencia de los buzos en las zonas marinas ha facilitado que aumente durante la cuarentena la pesca indiscriminada de especies en vía de extinción y otras malas prácticas en dichas faenas como la utilización de dinamita.
El buzo profesional Hernando Bonilla precisa que “somos nosotros como vigilantes de las áreas marinas y disuasores de actividades que degradan el entorno marino, quienes frenamos estas actividades irregulares. Lugares como Taganga, que concentran su mayor potencial turístico en torno al buceo, están al borde de la quiebra económica volcando las actividades hacia una pesca desmedida”.
Bonilla expresó que en este largo periodo de tiempo, igualmente se ha incrementado la basura marina, que genera un impacto grave a la vida acuática. Lo anterior debido a que una de las responsabilidades ambientales de los buzos es la extracción de estos residuos del mar. Al mismo tiempo, son el principal mecanismo de control de la población de pez león, especie invasora de nuestras costas, por lo que la ausencia del buceo puede implicar el potencial incremento de esta, magnificando las consecuencias negativas de la invasión sobre los ecosistemas.
Peticiones de los buzos
Frente al actual panorama, las 16 casas de buceo de la capital del Magdalena en conjunto con la de otras ciudades costeras tienen peticiones concretas al Gobierno Nacional. En carta enviada a Presidencia solicitaron que se acelere la apertura de la industria de manera gradual. El sector del buceo no exige que se le abra todo el turismo, únicamente necesitan que se permita la navegación y el ejercicio de esta actividad.
Explican que durante este espacio de cese de labores se capacitaron y construyeron los protocolos de bioseguridad con los que entraría en funcionamiento. “Dichas medidas fueron sustentadas a las instancias nacionales y estamos a la espera de su aprobación”, agregó Bonilla.
Los buzos consideran que en julio podrían volver al mar, ofreciendo sus planes de manera segura inicialmente a sus clientes regionales. “Nosotros operamos con poca capacidad, habrán menos de 8 personas en simultáneo, además estamos capacitados sobre cómo proceder a nivel de superficie y buceo para mantener el distanciamiento social y barreras de protección”, anotó Bonilla.
Tomado de: EL TIEMPO
